Corregir el riesgo de inundación del Guadalhorce cuesta 41 millones

  • El estudio de la Junta plantea el cambio de uso de los suelos para evitar la ejecución de estas obras

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Un estudio encargado por la Junta de Andalucía a la consultora Sener, que data de octubre del año 2012, sobre el riesgo de inundación del río Guadalhorce concluye la necesidad de llevar a cabo actuaciones correctoras en la parte baja del cauce con carácter prioritario valoradas en más 41 millones de euros. Una medidas entre las que se incluyen la construcción de muros de contención, encauzamientos y acondicionamientos de la traza con el fin de garantizar una respuesta adecuada ante grandes avenidas de agua con un periodo de retorno de 500 años.

La adopción de estas intervenciones, no obstante, se señala como última opción en caso de que previamente se eludan otras alternativas como "el cambio de uso hacia actividades más compatibles con el riesgo de inundación", en el caso de las zonas urbanas afectadas (siempre que no haya edificaciones consolidadas) o "la recalificación del terreno a no urbanizable" en el caso de los terrenos dibujados como urbanizables.

Esta posibilidad es, de inicio, rechazada de plano por el Ayuntamiento de Málaga, tanto en cuanto, según sus estimaciones, dejaría en el dique seco el desarrollo de más de medio centenar de sectores incluidos en el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Alguno de ellos con modificaciones de planeamiento paralizadas a mediados del año pasado ante la petición del Gobierno andaluz de adecuar esos desarrollos a las previsiones marcadas en el presente estudio.

El mismo, con carácter general para toda la cuenta del Guadalhorce (incluyendo río Grande, Guadalteba, Campanillas, Turón y el Guadalhorce, en su parte alta y baja), delimita la existencia de 118 "interferencias" con zonas urbanas, de las que una veintena se sitúan en Málaga capital (diez en la cuenca del Campanillas y otros diez en la parte baja del Guadalhorce); a las que añadir 39 más en zonas urbanizables (seis en la capital).

De mantenerse intactas las previsiones urbanísticas de los municipios con respecto a los suelos inundables, Sener abunda en las "actuaciones correctoras del riesgo". Para las mismas, los técnicos marcan una especie de orden de ejecución, en función de una prioridad fijada en función de "la magnitud del daño a proteger así como su coste económico". Con esta ordenación, las actuaciones a las que se otorga mayor peso suman 44,6 millones de euros (41 millones sólo en el bajo Guadalhorce), afectando a una superficie total de 1.110 hectáreas de terreno. El valor de las medidas correctoras al conjunto de la cuenta del Guadalhorce alcanzan los 140 millones de euros, con una superficie de 1.457 hectáreas.

Todas estas intervenciones, a las que hay que agregar otras de menor incidencia física y económica, como trabajos de restauración hidrológico-forestal, forman parte de una hoja de ruta necesaria a juicio de la consultora responsable del informe, después de comprobar que la parte final del río no está adecuada para absorber una avenida histórica, calculada en un periodo de retorno de 500 años. La conclusión que choca con la idea que se había manejado históricamente de que la obra de encauzamiento que ejecutó el Gobierno central en 2003, tras invertir 82 millones de euros, iba a evitar la inundación de los espacios urbanos colindantes con los ese periodo de retorno.

Uno de los principales interrogantes al que no da respuesta de manera clara el documento es sobre qué espaldas recaería la losa de la financiación de estas actuaciones. Sobre ello, cabe recordar lo que dijo el director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Juan Serrato, el pasado mes de diciembre defendió la ejecución de obras puntuales para "evitar que las personas y los bienes se vean afectadas como consecuencia de una hipotética inundación con un periodo de retorno de 500 años" y que deberían ser asumidas o por los propios promotores de los sectores afectados o por el Consistorio.

El documento fue remitido hace poco más de un mes por la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente a los ayuntamientos damnificados por las medidas contempladas, caso del de Málaga, Alhaurín de la Torre y Cártama, entre otros, para su análisis. Fuentes municipales señalaron que después de varias semanas de estudio, hay parte de la documentación que, supuestamente, forma parte del informe que no fue remitida por la Junta, razón por la que ha sido nuevamente demandada.

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