La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, pide formalmente a la Junta de Andalucía que aclare definitivamente la situación en la que se queda la concesión del Parque-Balneario Nuestra Señora del Carmen tras la resolución en la que declaró inválida y no subsanable la operación de compra de las acciones de esta sociedad el pasado mes de septiembre por parte de un grupo de empresarios, entre los que se encuentran los ex concejales del PP Damián Caneda y José Luis Ramos.

El responsable del organismo del Ministerio de Medio Ambiente en Málaga, Ángel González, confirmó a este periódico que ayer mismo se envió el escrito al Gobierno autonómico con la idea de obtener lo antes posible una respuesta clara sobre si la concesión se da por extinguida como consecuencia de la invalidez de la operación de compraventa o, si por el contrario, se debe iniciar su rescate.

El organismo estatal basa su escrito en que en la resolución emitida por la Consejería de Medio Ambiente el mes pasado se argumenta la anulación de la transmisión en el incumplimiento del artículo 70.2 de la Ley de Costas por no haber informado de la venta antes de que se formalizara, lo que en la ley se considera razón suficiente para poder extinguir la concesión. Eso implicaría, según Costas, no tener que iniciar el procedimiento del rescate de la misma, lo cual supondría un ahorro de tiempo y evitar el pago de una indemnización económica al concesionario afectado.

De hecho,Costas lleva meses insistiendo en que de confirmarse el vínculo directo entre el incumplimiento de la Ley de Costas y la posible extinción, tendría muy difícil encaje la opción de acudir al rescate de la misma "puesto que no se puede rescatar algo que está extinguido", aseguró González. El debate sobre qué paso habría que dar a partir de ahora y qué administración debe hacerlo surgió a raíz de que la Dirección General de Prevención y Calidad Ambienta en su resolución instara a la Demarcación de Costas "a la continuación y resolución efectiva del expediente de rescate de las concesiones", iniciado el 3 de octubre pasado sobre la concesión administrativa de este enclave, que fue adjudicada a las empresas Acha y Vera y que vence en 2018.

Según el escrito, tal actuación vendría dada por "el interés general declarado y ratificado por sentencia judicial, en aras a la mayor preservación del medio ambiente, así como su recuperación y uso público de los ciudadanos y la sociedad". Pero el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, ya recordó hace diez días en una visita a Málaga que es la Junta de Andalucía quien con motivo del traspaso de competencias en la materia en abril de 2011 "tiene la capacidad para otorgar, extinguir y también para valorar si una transmisión se ha hecho legalmente o no".

Sin embargo, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta, María Jesús Serrano, dijo ese mismo día que el rescate de la concesión de los Baños del Carmen corresponde a la Demarcación de Costas y que "así se lo hemos indicado", aunque dijo que si no lo hace " ya veremos cómo sigue el procedimiento administrativo". La pelota está ahora en el tejado de la Junta que deberá contestar a Costas para tratar de desbloquear un asunto que está paralizando la regeneración de este enclave.