El Quinqué

Datos para un nuevo año

  • El Defensor del Pueblo llamaba la atención e insistía en que los recortes no deben afectar al bienestar, "porque nadie lo quiere, pero la frustración continuada conduce a actitudes que pueden acabar en desórdenes públicos"

LAS reflexiones del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, publicadas en este periódico el pasado jueves, deben de servir de motivo de reflexión para encarar el Año Nuevo, y que a la hora de que los responsables políticos se dispongan a adoptar medidas de ajuste económico, como con las que han saludado el nacimiento de 2012, sean conscientes de la trascendencia de las mismas y de los efectos que pueden tener sobre una buena parte del conjunto de la sociedad. Chamizo advirtió a las fuerzas políticas sobre la posibilidad de que si los ciudadanos dejan de percibir algunas prestaciones que han venido siendo tradicionales, no estaremos frente a un problema social, sino probablemente ante un fenómeno de violencia. El Defensor del Pueblo llamaba la atención e insistía en que los recortes no deben afectar al bienestar, "porque nadie lo quiere, pero la frustración continuada conduce a actitudes que pueden acabar en desórdenes públicos".

Este preocupante mensaje se produce, en el caso de la provincia de Málaga, en un escenario económico que provoca escalofríos a la vista tan sólo de algunos datos. Empezando por el drama del desempleo, que según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre de 2011, señalan que el conjunto provincial acumula una cifra de desempleados de 238.100 personas, lo que supone una tasa de paro del 30,28%, frente a la cifra de ocupados de 548.400 personas, con una tasa de actividad del 59,19%.

La falta de trabajo causa auténticos estragos en las economías familiares y provoca situaciones alarmantes. Según los últimos datos conocidos de la Encuesta de Condiciones de Vida que elabora el INE el 30% de los malagueños, 3 de cada 10, están por debajo del umbral de la pobreza, situándose además a 8 puntos de diferencia de la media española en este indicador, que es del 21,8%. Entre estos ciudadanos, la tasa de retraso en los pagos relacionados con la vivienda principal se sitúa en el 9,4%, uno de cada 10, frente al 6,1% del nivel nacional. Además el 47,8% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,9% del conjunto de los ciudadanos de toda España.

Otro dato llamativo reciente ha sido aportado por el Partido Popular la pasada semana, e indica que el número de personas que acuden a los servicios sociales ha aumentado un 20% en la provincia. Un hecho que la vicesecretaria de Bienestar Social del PP andaluz, Ana Carmen Mata, calificó de "alarmante" ya que, tal y como se lamentó, "a día de hoy no podemos hablar de personas que no llegan a fin de mes sino de personas que ni siquiera pueden empezarlo". Un porcentaje lanzado para poner en tela de juicio los presupuestos de la Junta de Andalucía, según los populares más insensibles que nunca para desarrollar unas políticas para las que se desconoce el gasto disponible provincializado, de las que también será ahora el responsable, a nivel estatal, el malagueño Juan Manuel Moreno Bonilla, flamante secretario de Estado de Servicios Sociales y que ya ha manifestado que pretende "gestionar con inteligencia, audacia y eficacia". Para completar esta rápida radiografía de algunos aspectos de la realidad económica y social de Málaga, y para llegar a comprender la situación, hay que añadir otro dato muy llamativo. La economía sumergida supondría entre el 22 y el 30% del Producto Interior Bruto de la provincia. Una actividad ilícita verdaderamente potente, que es la responsable, en buena medida, de la situación de paz social que todavía disfrutamos.

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