La Fiscalía y la Abogacía del Estado han retirado la acusación para dos de los procesados en el caso Hidalgo, sobre el blanqueo de capitales y delitos fiscales en torno a un despacho de abogados ubicado en Marbella; y han pedido la busca y captura, así como orden internacional de detención contra otro de los acusados; petición ésta que ha sido aceptada por la Sala.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha acogido una nueva sesión preliminar de este juicio, cuya continuación se ha vuelto a aplazar hasta el 16 de mayo porque el acusado para el que finalmente se ha decretado la busca y captura, un ciudadano paquistaní con carta de identidad belga, no ha comparecido y ha presentado un escrito, fotocopia, en holandés, en el que señala que está enfermo.

Por otro lado, la retirada de acusación se produce a raíz del acuerdo de conformidad alcanzado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado con la defensa de otro acusado, que ha sido ratificado en la sesión, y que supone imponerle una pena de 15 meses de prisión y multa de ocho millones de euros, al aplicarle las circunstancias que atenúan la pena de dilaciones indebidas y reparación del daño.

La Fiscalía acusó en su día a 14 personas, aunque hay dos que se encuentran enfermos y, además, ahora se ha decretado la detención de otro. Los primeros arrestos de este caso se produjeron en abril de 2007, aunque los dos principales investigados inicialmente, que eran el responsable del despacho de abogados, Rafael Cruz-Conde, y un empresario de origen iraquí, fallecieron durante la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios, en algún caso desde 2001; y blanqueo, según su escrito provisional. Así, entre los procesados se encuentran letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.

En su acusación inicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos", buscando en algunos casos el fin de "eludir el pago de tributos".

Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española -sociedad limitada- que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal -Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, etcétera-. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal -Antillas Holandesas-, según el fiscal.

La investigación realizada puso de manifiesto, dice la Fiscalía, la existencia presuntamente de "un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".

"La finalidad perseguida por los clientes era conocida por los miembros del despacho, lo cual no impidió que se prestaran a colaborar con ellos tanto en la constitución de esas sociedades, usadas a modo de tapadera, para ocultar la procedencia delictiva del dinero invertido en España, de modo que formalmente no pudieran vincularse éstos con su verdadero dueño, como en la propia gestión de los fondos ilícitamente invertidos", según el fiscal.

Más aún, la acusación pública alude inicialmente a que, en otros supuestos, presuntamente "los fondos a ocultar derivaban de actividades delictivas, hecho conocido por los acusados referidos, entre otras cosas porque, para ciertos clientes, eran ellos quienes habían diseñado la estrategia defraudatoria frente a la Hacienda española".