El Defensor del Pueblo le pide a Interior un protocolo para aislar a internos de los CIE

  • Solicita un seguimiento más estrecho de su situación y necesidades

El Defensor del Pueblo insta al Ministerio del Interior a elaborar un protocolo de actuación para los casos en que el interno de un centro de internamiento de extranjeros (CIE) acaba en aislamiento como medida disciplinaria, como ocurrió en un motín en el CIE de Madrid en agosto o, meses después, en la cárcel de Archidona.

En concreto, la Oficina que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán y que desempeña en España el papel de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó por sorpresa el CIE de Aluche el pasado 1 de agosto, horas después del motín que protagonizó un grupo de internos.

Tras repasar la situación en que se encontraban los internos el día después y recorrer las instalaciones, los técnicos revisaron todo el material audiovisual recogido por las cámaras del centro durante la jornada en que tuvieron lugar las propuestas.

Como consecuencia de este trabajo, ha remitido una sugerencia al Ministerio del Interior, a quien insta a "dictar instrucciones para que en los supuestos en que se someta a internos a medida de aislamiento se establezca un protocolo de seguimiento más estrecho de su situación y necesidades, especialmente en tanto se mantengan restricciones para el libre acceso a los baños o cuando se aprecie que se niega a comer o beber".

Esta sugerencia es fruto del hallazgo de un interno que, según las conclusiones de la visita, "se vio privado de acceso al baño, mientras se encontraba en aislamiento".

También encontraron los técnicos del Defensor que en el parte de lesiones de uno de los internos "se incluye un apartado, denominado'antecedentes personales de interés', que contiene información sin vinculación con los hechos analizados, sino percepciones generales sobre su actitud", lo que a juicio de la institución no es procedente.

En este sentido, ha emitido otra sugerencia para que cuando se levanten partes de lesiones en este tipo de sucesos, los documentos se ciñan a recoger las lesiones objetivadas y no otra información sobre el interno que "no guarde relación" con ellas.

Asimismo, le pide que dicte instrucciones para corregir la falta de sincronía horaria en el sistema de registro y almacenamiento de todas las imágenes del centro tras constatar que "las cámaras existentes en elcentro no están debidamente sincronizadas".

En cuanto al motín en sí, los técnicos analizaron el contenido de las grabaciones de seguridad y concluyeron que "el relato de los hechos consignado en la documentación oficial sobre el detonante de los incidentes acaecidos el 31 de julio de 2017 y su desarrollo se corresponde sustancialmente con lo observado en el visionado de las cámaras". "No se constató un uso desproporcionado de las medidas de contención y seguridad", añade.

No obstante, tras la visita se trasladaron al Ministerio Fiscal los testimonios recabados de varios internos que manifestaron haber sido objeto de malos tratos durante o como consecuencia de los incidentes y se mantiene abierta por el Área de Migraciones e Igualdad de Trato una actuación de oficio con la Fiscalía General del Estado para conocer elresultado de las actuaciones judiciales al respecto.

También se dio traslado a la Fiscalía de los testimonios de diez internos que manifestaban ser menores de edad, asunto para el que también mantiene el Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo actuaciones abiertas a fin de esclarecer la situación de cada uno de aquellos internos.

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