La segunda administradora judicial que el instructor del caso Malaya nombró para que se hiciera cargo de la gestión de parte las sociedades del presunto cerebro de la operación Malaya, José Antonio Roca, envió a sus cuentas particulares 158.000 euros procedentes de los fondos de esas sociedades. Según publicó ayer el diario El País, este dinero fue ingresado entre julio de 2008 y febrero de 2009 en cuentas particulares de la economista María Teresa Navarro. Al menos en cuatro ocasiones no quedó constancia de estos movimientos en ningún documento ni en los libros de contabilidad de las empresas.

Estos hechos fueron denunciados por Juan Macías, actual administrador judicial de las sociedades intervenidas a Juan Antonio Roca, el pasado 9 de diciembre y el 14 de ese mismo mes el juez instructor del caso Malaya, Óscar Pérez, dedujo testimonio del escrito al apreciar una posible "infracción penal" y lo remitió, junto a la documentación aportada por el denunciante, al Juzgado Decano de Carmona (Sevilla), ya que la profesional denunciada tiene su despacho profesional en la localidad sevillana de Mairena de Alcor. En principio el asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Carmona, según confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El administrador judicial denunciante y la denunciada fueron nombrados por el juez Óscar Pérez responsables de la gestión del conglomerado empresarial de Juan Antonio Roca en sustitución de José Luis Gallardo que cesó en este cargo en febrero de 2008.

Cinco meses después, en julio de 2008, María Teresa Navarro cobró en efectivo un cheque de 5.000 euros. En febrero de 2009 se llevó a cabo una transferencia de 80.000 euros desde una cuenta de Inmobiliaria Ahuaca a otra de la administradora y apenas un mes después obtuvo otro reintegro en efectivo de 67.500 euros procedentes de la sociedad San Mateo Palace. Sólo ocho días después se produjo el último movimiento, en este caso una transferencia por valor de 1.903 euros.

Antes de formalizarse la denuncia Macías pidió explicaciones a su colega por estos movimientos de dinero carentes de apoyo documental. En un caso respondió que obedecían a "gastos estrictamente necesarios e imprescindibles del desarrollo de la administración" y en otro argumentó que el traspaso de 80.000 euros fue la señal que en su día se pagó por la venta de un inmueble en la urbanización Las Cañas Beach de Marbella, operación finalmente abortada.

La defensa de Juan Antonio Roca, que ejerce el letrado José Aníbal Álvarez, mostró el "estupor" por los hechos que se atribuyen a la administradora y recordó los incidentes que han rodeado la intervención judicial de las empresas del presunto cerebro de Malaya, puesto que se realizaron operaciones de venta en las que no se liquidó el IVA, generando impagos a Hacienda "de 8,2 millones de euros, más intereses y multa". "Hace un año el juez pidió un informe a la Agencia Tributaria que todavía estamos a la espera de recibir".