"Algunos abogados del turno de oficio cobran menos de dos euros a la hora". Estas palabras del decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, sonaron con rotundidad ayer en la vuelta de las togas a las puertas de la Ciudad de la Justicia, apenas dos semana después de que se concentraran junto a los fiscales para reivindicar un sistema de calidad y la dignidad de la profesión.

Según el letrado, "la inversión por habitante no llega a cinco euros", una situación que causa una auténtica perversión en la profesión. Un abogado del turno de oficio, en una guardia de 24 horas, cobra unos 35 euros, una cifra que, a juicio del decano de los abogados malagueños, no se conoce en ninguna otra profesión.

Esta fue solo una de las críticas que desempolvaron los letrados ayer, cuando nuevamente salieron para dejar claro que "la justicia es un pilar esencial para la ciudadanía y las empresas por lo que debe desterrarse la equivocada idea de que es un gasto, cuando en realidad es una inversión en paz social, seguridad jurídica y progreso económico".

Otra cosa de la que quisieron dejar constancia fue de las discrepancias del Colegio con el posicionamiento del Gobierno Central y Autonómico. Lara reprochó la falta de voluntad política para mejorar "este servicio público tan sumamente fundamental" y afirmó con rotundidad que "la situación de la Administración de Justicia no tiene arreglo".

Las demandas de los abogados ayer fueron claras: una justicia con medios, independiente, accesible, eficaz, cercana, un turno digno y conciliación profesional.

"Llevamos mucho tiempo con estas reivindicaciones y, a pesar de que hay algunas mejorías, no se avanza. Seguimos con los mismo órganos judiciales, los mismo retrasos, las mismas esperas y la misma lentitud", aseveró Lara, que acompañó la demanda de un aumento relevante y progresivo de las inversiones en justicia a través de la creación de nuevos juzgados para alcanzar la ratio de juez por habitante media en los países de la UE, así como la importancia de una justicia independiente del poder ejecutivo y accesible, para lo que los abogados ven necesario la eliminación de las tasas judiciales, en especial para pymes y ONG.

La conciliación familiar y el derecho de desconexión es también forman parte de la lucha de la abogacía, que piden la suspensión de procedimientos y la variación de las vistas para supuestos como la maternidad o la enfermedad.

También instan a las administraciones a crear una plataforma de comunicación telemática y un expediente electrónico, y cercana, con medios personales y técnicos que den salida a los procedimientos sin demoras.