Los casos de acoso inmobiliario en Málaga empiezan a remitir. Al menos, es lo que dice el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, que asegura que después de todas las denuncias realizadas por su oficina y la presión mediática, el mobbing en el campo de la vivienda ha empezado a desaparecer.

Sin embargo, aún quedan varios casos. Y, además, Gutiérrez asegura haber detectado empresas que están "especializadas en la adquisición y rehabilitación de inmuebles, que poseen unos medios personales y un asesoramiento jurídico que facilita la adaptación de medidas de presión para forzar el que los inquilinos se vean obligados a su abandono", según se recoge en el informe anual de la Oficina del Defensor del Ciudadano.

Los vecinos de Casas de Campo número 9, los de Cárcer, 9, los de calle Constancia o los del 3 y 5 de calle Mariscal aún sufren el acoso inmobiliario por parte de los propietarios de las viviendas en alquiler en las que residen. "Pero últimamente estamos mediando en muchos casos y se está consiguiendo llegar a acuerdos", según relata el Defensor. Nuevos pisos en alquiler para los vecinos mientras se rehabilita su piso habitual o incluso el pago de una residencia de por vida son algunas de las soluciones que ya se han acordado entre propietarios e inquilinos. Además, Gutiérrez destacó la actitud del nuevo concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, con el que se reunió el mes pasado y al que ha concedido dos meses para que resuelva algunos problemas.

El Defensor trató el año pasado 40 casos de acoso inmobiliario en Málaga, pero este año apenas ha habido. Eso sí, la vivienda representa, junto las infraestructuras, una de cada tres quejas de los malagueños ante la oficina, dependiente de la Diputación Provincial. Durante 2007, los trabajadores de esta entidad han revisado un total de 535 expedientes, lo que significa 214 casos más que el mismo periodo del año pasado. Para Gutiérrez, el incremento -del 40 por ciento- se debe "al mayor conocimiento de la Oficina del Defensor del Ciudadano". En este año, se han llevado a cabo 361 entrevistas personales (tres de cada cuatro relativas a reclamaciones individuales y el resto a colectivos).

El Defensor ha detectado que los malagueños apuestan por los servicios públicos, pero también reclaman que sean de calidad. De hecho, "se quejan de la poca eficacia de las administraciones en general". Pero hay casos concretos, como "los pocos recursos que tiene la Ley de Dependencia" que hacen que se retrasen las políticas anunciadas por los gobiernos. La excesiva burocracia, la falta de interés de la atención al ciudadano o la desconfianza hacia las administraciones, son otras quejas de los malagueños.