El primero de los pronunciamientos requeridos por la Junta de Andalucía dentro de la Evaluación Ambiental Estratégica a la que se somete el hotel del puerto de Málaga ve la luz. Y el mismo, de Ecologistas en Acción, es demoledor. El colectivo exige a la Administración autonómica la anulación de la propuesta edificatoria, entre otras razones, por su impacto paisajístico y la necesidad de proteger el litoral. Como solución alternativa, en caso de que se mantenga vivo el proyecto, reclama un procedimiento ambiental mucho más profundo al inicialmente previsto. Frente a la vía simplificada elegida por la Delegación de Medio Ambiente (4 meses de tramitación), Ecologistas en Acción defiende la ordinaria, con unos 18 meses.

La organización ambiental emite una decena de alegaciones tachando de extremo a extremo la iniciativa privada, que supone la construcción de una torre con capacidad para 352 habitaciones. La de mayor peso es la relativa al impacto visual, dada su posición estratégica en la línea del horizonte de la bahía y por tratarse de una realidad "irreversible e irreparable". Por ello, apunta que la mejor manera de controlar tal incidencia es "no construir dicho edificio".

"Administraciones que con el miedo a perder la tacada han mostrado una posición indigna"

"Mientras que a todos los malagueños se les sustrae la perspectiva de la bahía y se les distorsiona con el artefacto del hotel, el lujo que vende el hotel viene a suponer la compra y apropiación del derecho de todos los malagueños al paisaje de su ciudad, permitiendo el disfrute de un paisaje inédito desde la torre, al cuál sólo podrán acceder los que puedan pagar; si el paisaje es un patrimonio público (...) no es honesto que sea sacrificado con fines lucrativos y privativos", ensalza el documento.

El informe sentencia el papel que en este asunto están jugando las administraciones, cuyos principales representantes ya han emitido opiniones a favor. Sobre ello, considera "vergonzante la celeridad, opacidad y falta de autoridad" con que se gestaron los primeros pasos de esta intervención, preguntando sobre las características del promotor, Andalusian Hospitality II, y la falta de detalles técnicos del edificio.

El colectivo critica el informe de ambiental que avala la actuación, "vacío de contenidos objetivables". En este punto, llega a hablar de "caso flagrante de urbanismo chapucero y a contramano" (citando a la profesora de Geografía Física de la UMA, María Jesús Perles), en el que se acepta primero la inversión para luego planificar "al dictado del cliente".

De ello responsabiliza a la Autoridad Portuaria, por convertirse "en el principal artífice de la velocidad con la que se está produciendo la tramitación, no dudando en amenazar a los ciudadanos y administraciones competentes". Pero extiende su denuncia y afirma que "al olor de los petrodólares se han relajado los informes negativos que barajaba sobre este proyecto la Gerencia de Urbanismo". Un organismo que ya en 2007 impidió el uso hotelero sobre este mismo suelo. "Unas administraciones que, al unísono, con el miedo a perder la tacada, han mostrado una posición indigna, inapropiada e inaceptable", sentencia.

Otro de los aspectos sobre el que pone el foco Ecologistas en Acción es el efecto que la edificación tendrá sobre el espacio litoral, lo que "contradice flagrantemente la intención del legislador por evitar el proceso de masificación urbanística de la costa". A modo de ejemplo alude al Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, cuya aplicación queda fuera de los espacios portuarios. A pesar de ello, cree que el Gobierno andaluz debe "exigir todas las medidas que estén a su alcance para evitar la depauperación de los valores paisajísticos y culturales; tiene autoridad suficiente para denegar el proyecto por contravenir los estándares paisajísticos establecidos para el litoral". En esta misma línea, imputa al Ayuntamiento una mala gestión en caso de no paralizar el proyecto, dado que "no respeta la ciudad existente", al alterar sus valores naturales e históricos.

A ello suma sus dudas sobre los posibles riesgos en materia de seguridad y el efecto que el cambio climático tendría sobre el mismo. El colectivo también pone en duda la "competencia desleal" que generaría sobre otros hoteles. "No es lógico que unas administraciones que son de todos acaben favoreciendo únicamente a una empresa y lo haga precisamente en un terreno público", añaden.