El relato del éxito de la autonomía que han narrado los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta se sustenta en la gestión de la sanidad y la educación públicas como pilares del Estado de bienestar. Ambas políticas fueron las principales atribuciones que asumió el Ejecutivo andaluz en la primera fase del traspaso de competencias y las de mayor dotación presupuestaria. Su transferencia se convirtió en el símbolo de la inclusión de Andalucía en la vanguardia del Estado autonómico, tal y como se demandó en el referéndum celebrado tal día como hoy hace 37 años. Pero hoy los andaluces sitúan por primera vez a la situación de la sanidad por delante de la corrupción en la escala de sus mayores preocupaciones. Sólo la supera el desempleo, según el último Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa), publicado el pasado mes de enero. No es casualidad que pocos días después de conocer estos resultados, y tras masivas movilizaciones en cinco capitales, la Junta plegara velas y se viera obligada a dar un golpe de timón a su política de fusiones de hospitales tras descabezar al segundo nivel de la Consejería de Salud.

En la educación no se ha llegado a producir una movilización tan masiva como en el caso de la sanidad, pero los problemas también son evidentes. Andalucía sigue anclada en el vagón de cola de España en desempeño escolar, como demuestra cada edición del Informe PISA. Los alumnos andaluces de 15 años obtienen el peor resultado de todas las comunidades en el apartado de Ciencias y se quedan en el penúltimo escalón en Matemáticas y Comprensión Lectora, sólo por delante de Extremadura y Canarias, respectivamente, según la evaluación presentada el pasado mes de diciembre.

El malestar ha sorprendido a la Junta cuando empieza a elevar los Presupuestos

La comunidad también permanece en los últimos puestos en lo que se refiere al abandono temprano de los estudios. Aunque es cierto que la tasa de abandono escolar temprano -que mide el porcentaje de población entre 18 y 24 años que no teniendo más titulación que la ESO, no sigue ningún tipo de formación- ha disminuido en catorce puntos porcentuales en los últimos ocho años. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, ha pasado del 37,9% de 2008 al 23,1% con el que cerró en 2016, "su mínimo histórico", según señala la consejera de Educación, Adelaida de la Calle. No obstante, sigue por encima del 19% de media de España y lejos del 15% fijado por la UE para la España y que se la Consejería de Educación se ha marcado como objetivo para el año 2020 dentro de su Plan de Éxito Escolar.

"Los resultados del informe PISA indican el camino por donde tenemos que reforzar nuestra enseñanza y una referencia para hacer las cosas mejor", resalta la titular de Educación, Adelaida de la Calle, que insiste en que "Andalucía ha recorrido un largo camino para llegar a converger con el resto de autonomías". "Empezamos la carrera hacia una educación de calidad y garante de la igualdad de oportunidades en desventaja con otros territorios, pero en treinta años se ha avanzado, y mucho", agrega.

La Junta insiste en su crítica a la metodología del PISA, elaborado por la OCDE. "Tomamos otras referencias como las Pruebas Escala, igualmente legítima y que arroja buenos resultados, o informes de la Unesco con una óptica menos mercantilista que la de la OCDE y que nos dan buena nota a la hora de garantizar la equidad del alumnado", sostiene Adelaida de la Calle. Tampoco ayudan los cambios de criterio del Ejecutivo central a mitad de curso con la derogación de las reválidas mientras se mantiene en vigor la mayor parte de la Lomce o las modificaciones de la Selectividad.

Otro problema acuciante es la merma de las plantillas por la aplicación de la tasa de reposición, que es la ratio que fija el número de funcionarios que se pueden incorporar a la Administración en función de las jubilaciones registradas en el ejercicio anterior. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la redujo al 30% dentro del paquete de recortes para cumplir con los objetivos de déficit, mientras que el Gobierno del PP la situó en el 10% entre 2012 y 2014, aunque posteriormente la elevó al 50% en 2015 y al 100% en 2016.

Esa medida supuso que "más de 4.500 profesores fueran prescindibles y expulsados del sistema", indica De la Calle en relación con el decreto del PP de 2012. "Gracias a la acción de la Junta y su decisión de no modificar la ratio, se pudo salvar a 3.500 docentes", señala la consejera de Educación, que recuerda que "desde entonces se han celebrado en Andalucía cuatro oposiciones, siempre al máximo que permite la normativa estatal". De la Calle reitera que "la oferta de Empleo Público de 2017 está garantizada", y se mantienen las 2.468 plazas previstas inicialmente, pese a las dudas sobre su legalidad dado que los Presupuestos Generales del Estado aún no se han aprobado.

"No se puede usar a los opositores como arma arrojadiza, como ha hecho el Gobierno central, porque ni hay ni había motivos para sembrar dudas sobre la Oferta de Empleo Público", reitera la consejera de Educación. "Si hay Presupuestos, la tasa de reposición se mantendrá al menos en el 100%. Y si no hay, que dará prorrogada como mínimo igual que estaba en 2016", explica De la Calle, que concluye que "habrá oposiciones en educación, y afortunadamente en otros sectores". En otras comunidades no se ve tan claro. Navarra, Castilla y León, La Rioja y Extremadura han decidido posponer las pruebas, mientras que Madrid, Murcia o Baleares están a la espera de conocer el criterio del Gobierno central para convocarlas.

La tasa de reposición y la ampliación de la jornada semanal a 37,5 horas también afectaron al sector sanitario público, que con más de 95.600 trabajadores, es la mayor organización de Andalucía. "Han sido medidas muy duras por parte del Gobierno central que, desde Andalucía, hemos rechazado y gestionado para que tuvieran el menor impacto posible. En las ofertas de empleo del SAS siempre hemos sacado el máximo de plazas que permitía el Estado", señala el consejero de Salud, Aquilino Alonso, que subraya que se logró evitar el despido de más de 7.000 interinos y eventuales con un "importante esfuerzo, que era reducir su jornada y su sueldo al 75%, algo que siempre hemos reconocido y agradecido desde el Gobierno andaluz".

La Junta ha solicitado al Ejecutivo de Rajoy la supresión de la tasa de reposición y que autorice una oferta de empleo extraordinaria. Alonso insiste en que con las oposiciones convocadas en los últimos años "se conseguirá dar estabilidad a más 10.100 profesionales". Asimismo, la recuperación de las 35 horas semanales, en vigor desde el pasado 16 de enero, conllevará la contratación de más de 3.000 profesionales, "que se está haciendo de manera progresiva". El titular de Salud recuerda que los eventuales han vuelto ya a su jornada del 100% y más de 15.000 eventuales que se beneficiarán del proceso de estabilización.

El descontento social ha sorprendido al Gobierno andaluz justo cuando los presupuestos llevan tres años de incremento y cuentan este ejercicio con 500 millones de euros más que en 2016. "La Junta muestra su absoluto respeto a las reivindicaciones ciudadanas y de profesionales", sostiene Aquilino Alonso, que recalca que el esfuerzo inversor de la Junta, un 6,3% del PIB, "es casi un punto superior al de la media del conjunto de las comunidades autónomas, a pesar de que recibimos 1.000 millones de euros menos por un sistema de financiación injusto e insolidario".

Un ejemplo de la asimetría se plasma en que Andalucía es la región con el gasto sanitario per cápita más bajo, 1.007 euros. En cambio, el País Vasco es la comunidad con un gasto mayor -1.584 euros- pero sólo supone el 5,4% de su PIB. Extremadura debe destinar el 9,4% de su PIB para llegar a 1.284 euros por habitante, según el Consejo Económico y Social.

"Precisamente, este sistema de financiación y el asfixiante objetivo de déficit impuesto por el Gobierno del PP han hecho que, durante los duros años de crisis económica, hayamos tenido que pedir mayores esfuerzos a nuestros profesionales o que las actuaciones en materia de infraestructuras y la renovación tecnológica no hayan ido al ritmo deseado y planificado", lamenta Alonso, que incide en que se ha garantizado "en todo momento la asistencia sanitaria y los derechos de la ciudadanía, sin despidos, sin cierre de centros o sin recortes en las prestaciones sanitarias".