La esencia de la Ley del Menor es la rehabilitación de los jóvenes que delinquen y el trabajo de las administraciones se encarrila en ese sentido. Un ejemplo es el convenio que firmará en breve la Delegación Provincial de Justicia con un grupo de empresarios del polígono San Luis de la capital malagueña para emplear a chicos que cumplen medidas en régimen abierto, mayoritarias frente a las órdenes judiciales de internamiento en un centro de reforma.

Más de una veintena de empresarios se han constituido en la asociación Nueva Alternativa para encarar este acuerdo, y ahora mismo, antes incluso de rubricarlo, ya hay seis chicos que trabajan en alguna de estas empresas, explica la delegada provincial de Justicia, Aurora Santos. La mayoría de ellas están vinculadas al sector de la construcción, aunque son variadas y hay un poco de todo. La delegada precisa que existen más interesados en sumarse a esta iniciativa.

"Son personas con un nivel de compromiso social muy alto, lo hacen por ayudar a los menores", argumenta Santos. Recuerda que existen beneficios fiscales, aunque no son demasiado altos. "Lo hacen por ayudar y algunos de ellos ya han tenido a chicos empleados", insiste.

Aunque el objetivo es el mismo, este proyecto es independiente del plan de reinserción laboral de menores conflictivos que continuamente desarrolla la entidad Diagrama, que en Málaga trabaja con un grupo de unas 25 empresas y varios ayuntamientos, especialmente para cumplir con las medidas de trabajos en beneficio de la comunidad que dictan los jueces.

Santos, que se proclama una "defensora a ultranza" de la labor rehabilitadora que impulsa la Ley del Menor, pone de manifiesto que en Málaga hay actualmente 98 chicos integrados en este plan de reinserción laboral y social, de los que 19 están trabajando. El resto asiste a cursos de formación, tiene una beca o está empleado en alguna de las empresas con las que trabaja Diagrama.

Un aspecto que quiere destacar la delegada es que el nivel de reincidencia de los menores que delinquen es "bastante bajo". Según un reciente estudio elaborado por la Consejería de Justicia a nivel andaluz, es del 30 por ciento. Santos insiste en que la cifra no es alta.

Alrededor del 75 por ciento de las medidas que se imponen en Málaga a menores que delinquen son en régimen abierto, es decir, serían jóvenes susceptibles de integrarse en un plan de reinserción laboral y social. El año pasado, los tres juzgados de Menores de Málaga dictaron 2.259 medidas de reforma, de las que sólo 507 se cumplieron en un centro de internamiento.