La Fiscalía malagueña y los abogados de los ex ediles del GIL, entre los que se encuentra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, estudian un "acuerdo marco de conformidad" para agilizar los casos en los que se encuentran encausados los ex concejales por conceder licencias urbanísticas en Marbella.

Esta mañana un representante de la fiscalía se ha reunido con los abogados de todos los ex ediles del GIL imputado en algún procedimiento urbanístico por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero en la negociación quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades.

El abogado Pablo Luna se mostró satisfecho con las negociaciones y destacó la actitud de la Fiscalía por su "lealtad, profesionalidad y claridad".

El letrado destacó que la negociación se basa "en un criterio de la conformidad" que puede haber siempre entre acusación pública y defensa pero "nada fuera de la ilegalidad".

Luna resaltó que aunque hay un principio de acuerdo marco de conformidad, "cada caso se tendrá que personalizar", porque cada ex edil tiene una situación concreta y pidió "prudencia" ya que todavía sólo es "un principio de acuerdo global para todas las corporaciones desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento en 2006".

En las próximas semanas se celebrarán más reuniones para concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel.

Tanto la fiscalía como los abogados defensores parten de que se trata de delitos conexos que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena máxima impuesta.

El delito contra la ordenación del territorio del artículo 320 que se les imputa a los ex concejales de GIL por conceder presuntamente licencias urbanísticas ilegalmente fijan un máximo de dos años de cárcel por lo que el máximo sería seis años de prisión.

Fuentes de la fiscalía aseguraron que las negociaciones "están abiertas" y que sólo se pretende agilizar los procedimientos judiciales por delitos urbanísticos en relación con la concesión de licencias "por economía procesal" y en ningún caso habrá acumulación de procedimientos.

El primer alcalde marbellí que estuvo preso en Alhaurín de la Torre fue Jesús Gil, quien ingresó por primera vez en dicho centro penitenciario el 7 de enero de 1999 por el conocido "caso camisetas", en el que se investigaba el presunto desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento al Club Atlético de Madrid.

Más tarde ingresó Julián Muñoz, alcalde de Marbella entre mayo de 2002 y agosto de 2003, la ex alcaldesa Marisol Yagüe, y otros ex ediles del GIL, como el primer teniente de alcalde, Pedro Román, muchos de ellos involucrados en el caso Malaya, que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento.

Julián Muñoz es el ex alcalde con más causas judiciales abiertas en España y tiene alrededor de un centenar de procedimientos penales en curso en la Audiencia de Málaga por presuntas irregularidades urbanísticas.

Por estas causas se enfrentará a penas que oscilan entre los 18 meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho o diez años.