La Fiscalía de Málaga acusa a 23 empresarios por accidentes laborales

  • El órgano especializado actúa también contra ocho encargados, cuatro coordinadores de seguridad y cuatro jefes de obra

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La Fiscalía de Málaga ha formulado escrito de acusación contra 41 personas este año en relación a accidentes laborales, de los que 23 eran representantes legales de las empresas responsables de las obras; ocho eran encargados de esas actuaciones; cuatro, coordinadores de seguridad; otros tantos jefe de obra, y otros dos, aparejador y técnico del servicio de prevención ajeno.

Según los datos del Área de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía malagueña, en lo que va de año se han presentado por el momento 20 escritos de acusación inicial en relación a accidentes laborales, también relativos a Melilla. Esta cifra se sitúa por encima de la registrada el pasado año, en el que se presentaron 14 escritos de acusación, y es superior también a la de 2005, en el que se presentaron sólo cinco calificaciones provisionales en esta materia, según se especifica en la memoria de 2006.

Las 20 acusaciones realizadas en 2007 por la Fiscalía fueron por homicidio imprudente en ocho ocasiones, por lesiones imprudentes en 13 y por el delito contra los derechos de los trabajadores en 14 ocasiones, dándose en algunos de los escritos formulados la coincidencia de dos de estos delitos.

De los 14 escritos presentados el pasado año 2006, tres fueron por homicidio imprudente y delito contra los derechos de los trabajadores, cinco por lesiones por imprudencia grave y el mismo delito contra los trabajadores, tres sólo por imprudencia y otros tantos exclusivamente por delitos contra los derechos de los trabajadores.

Además, en 2006 se dictaron cinco sentencias por los juzgados de lo Penal, de las que dos fueron condenatorias por delito de homicidio por imprudencia grave y otra por lesiones. En la memoria de dicho año, presentada en 2007, se indicaba la existencia de "un considerable retraso" en la instrucción de causas relativas a siniestralidad laboral.

Asimismo, se apuntaba que "la experiencia muestra que la tramitación de estos casos vulnera con frecuencia el derecho a un proceso sin dilaciones" y se proponía que se estudiase la conveniencia "de encomendar al Ministerio Fiscal la iniciativa procesal en las causas por siniestralidad laboral".

También se consideraba necesario la visita inmediata al lugar del accidente o centro de trabajo para oír a testigos, "muchos de ellos sin domicilio estable", y para hacer una inspección ocular "exhaustiva". También se entendía "urgente" la presencia de la autoridad o sus agentes cuando fueran denuncias por infracción de las normas.

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