La Fiscalía pide 3 años de cárcel para Yagüe por vender una casa para eludir un embargo

  • Se deshizo, presuntamente, de una vivienda de su propiedad en Madrid sobre la que el Tribunal de Cuentas había acordado su decomiso preventivo

Marisol Yagüe. Marisol Yagüe.

Marisol Yagüe.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado tres años de prisión por un delito de insolvencia punible para la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe por supuestamente vender una vivienda de su propiedad que tenía en la capital de España con el único fin de eludir el embargo preventivo que pesaba sobre la misma y que con anterioridad a su venta había sido acordado por el Tribunal de Cuentas.

Según ha informado el Ministerio Fiscal, Yagüe fue condenada en 2013 por la Audiencia Provincial de Málaga como autora de dos delitos de cohecho pasivo, un delito de malversación y otro de fraude. La sentencia establecía el comiso de una vivienda situada en la calle Rodríguez Sampedro de Madrid que había sido adquirida a la mercantil Departamento de Estudios Hipotecarios y que aparecía registrada a nombre de un hijo de la acusada.

La propia sentencia declaró probado que dicha vivienda era propiedad de María Soledad Yagüe y que utilizó a su hijo como testaferro a los efectos de que constara el nombre de Jorge Becerra Yagüe y poder eludir así los efectos pecuniarios que pudieran derivarse del fallo judicial.

El 11 de diciembre de 2013 el Tribunal de Cuentas dictó otra sentencia en la que estimaba parcialmente la demanda del Ayuntamiento de Marbella y declaraba a Yagüe responsable contable directa de la cantidad de 348.129,52 euros de los que tenía que responder de forma solidaria con los demás demandados en la cantidad de 78.975,60 euros más intereses legales y costas de procedimiento. El 4 de abril de 2014, además el mismo tribunal acordó como medida cautelar el embargo preventivo de la vivienda para que pudiera hacer frente a la sanción económica.

Antes de que se ejecutara dicha sentencia la Fiscalía sostiene que la acusada ordenó a su hijo que transmitiera la vivienda a una tercera persona "que no consta tuviera intervención en los hechos descritos" por un importe final de 480.000 euros con el único fin de eludir el pago "de las responsabilidades civiles a las que fue condenada".

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