La Fiscalía detecta cada vez más empresas que vacían su patrimonio antes del concurso

  • La sección de delitos económicos constata un aumento del número de casos por el alzamiento de bienes y los procesos de tipo punible

La crisis económica no sólo está saturando los juzgados de lo mercantil de Málaga, a donde siguen llegando cada día decenas de casos relacionados con el impago de deudas y la quiebra de empresas. La Fiscalía de Málaga ha detectado en los últimos años un significativo y progresivo aumento de los delitos económicos y en estos momentos son ya más de 300 los expedientes que se están tramitando. Muchos de ellos están relacionados con insolvencias por alzamiento de bienes y, otro porcentaje, por concursos de tipo punible en los que los empresarios han vaciado previamente el patrimonio activo de la sociedad para evitar que caiga en manos de los acreedores.

"Entran más casos de los que salen", aseguró a este periódico el decano de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Málaga, Antonio González. El motivo es que, además de que se ha incrementado su número, se trata de "procedimientos de instrucción complejos que llevan una tramitación lenta", ya que requieren normalmente informes periciales contables y que en muchas ocasiones se complican porque son varias sociedades mercantiles las que están implicadas.

Aunque desde 2008, año en el que comenzó la crisis, estos delitos han ido en aumento, los que más se incrementaron durante 2012 y, cuya tendencia al alza también se está manteniendo este año, son los relacionados con las insolvencias, sobre todo, por el alzamiento de bienes. Los casos que llegan a la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Málaga van desde la persona que mantiene una deuda con la comunidad de propietarios y para no ser embargado transmite su propiedad a un familiar, hasta otros más complejos cuando las sociedades mercantiles tratan de encubrir sus bienes activos para evadir su obligación de hacer frente al pago de una deuda con sus proveedores.

Esta sección, que cuenta con tres fiscales especializados desde junio, se hizo cargo el año pasado de 58 casos por este delito, frente a los 39 que hubo el año anterior. Y eso sin contar con los que llegan directamente a los partidos judiciales de Marbella y Estepona, que funcionan de forma independiente, y que concentran alrededor de un 30% más de casos.

Según el coordinador de esta sección, este aumento es "un reflejo de la crisis económica porque estos asuntos suelen llegar al juzgado con dos o tres años de retraso una vez que son detectados en un pleito civil". También relacionados con los delitos de insolvencia, la Fiscalía está recibiendo más casos en los que los administradores concursales detectan un vaciamiento patrimonial por parte de los socios de una mercantil antes de llegar a un concurso y "evitar así que caigan en manos de los acreedores", explicó González.

Aunque no son muchos los casos que llegan a la vía penal, el fiscal señaló que sí se han incrementado porque "antes prácticamente no existían ya que las sociedades mercantiles no solían llegar a la suspensión de pagos, sino que se quedaban en una especie de limbo sin liquidar". Ahora, sin embargo, "hay mayor concienciación y formación para tratar de evitar tener que enfrentar con los bienes personales las deudas de una empresa", dijo.

Los delitos societarios también han ido subiendo en estos años y en 2012 fueron 30 los casos investigados por la Fiscalía malagueña. Estos delitos están relacionados con la disposición fraudulenta de los bienes de la sociedad por parte del administrador u otros socios. Pero también se dan ahora con cierta frecuencia la negativa de algunos socios al derecho de información del resto o la votación fraudulenta relacionada con un asunto de la empresa que enfrenta a estos.

Estos son casos que, según González, llevan los juzgados de lo mercantil pero "al estar colapsados por el aumento de los conflictos entre socios hay mucha gente que acude directamente a la vía penal porque les interesa que se adopten medidas cautelares urgentes o se decrete la anulación de un acuerdo adoptado por el consejo de administración o los socios de una empresa".

En el caso de los delitos contra la hacienda pública, fueron 22 los procedimientos investigados durante el año pasado por la Fiscalía y en su mayoría procedían de los expedientes administrativos iniciados por la Agencia Tributaria en los que se detectaron indicio de delito, si bien hay otros que llegaron derivados de un procedimiento penal ya abierto por otros motivos. Sobre los delitos por fraude a la Seguridad Social, son unos ocho los procedimientos que suelen tramitarse al año, aunque el decano de la sección de delitos económicos advirtió que aumentarán en los próximos años a raíz de la última reforma del Código Penal que entró en vigor el año pasado y que supuso la rebaja del límite del fraude constitutivo de delito de 120.000 euros a tan sólo 50.000 euros.

Los delitos relacionados con las subvenciones de fondos europeos también van ganando peso desde hace algunos años y normalmente se refieren a ayudas recibidas por empresarios para fomentar el empleo y que no llegan a tener dicho uso.

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