La Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado ha detectado "graves incumplimientos" medioambientales en el vertedero ilegal del paraje del Río de la Miel de Nerja, ubicado en un espacio protegido y cuya gestión está siendo investigada.

La unidad técnica de esta sala de la Fiscalía General ha remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox un informe pericial sobre la situación de este vertedero, en el marco de la denominada operación Rubbish, desarrollada por la Guardia Civil.

En el informe, al que tenido acceso Efe, se detalla que el vertedero incontrolado de residuos se ubicó sobre una antigua cantera, y que tras la finalización de la labores de explotación de la misma, se produjeron una serie incumplimientos normativos.

Según la Fiscalía, estos incumplimientos afectaron a diversas materias como minas, residuos, aguas, espacio natural protegido, incendios forestales y riesgos para la salud de las personas.

El ministerio público ha indicado que cuando el titular de la explotación estaba finalizando esta actuación, en junio de 1998, mediante un escrito firmado por el entonces alcalde, José Alberto Armijo, se le notifica que debía emplear en las labores de restauración de la cantera los escombros que el Ayuntamiento había autorizado depositar.

Posteriormente, en enero de 1999, la empresa explotadora solicitó al Ayuntamiento que cesasen los vertidos de escombros en la cantera, al objeto de comenzar los trabajos de restauración, "siendo incompatibles las dos actividades simultáneamente".

La creación de un vertedero en la zona dio lugar a diversas denuncias y expedientes sancionadores contra el Consistorio, que la Fiscalía recoge en su informe pericial.

Para la Fiscalía, el hecho de no haber realizado el plan de restauración no es achacable a la entidad explotadora, sino que se debió al vertido de escombros acordado por el Ayuntamiento.

"El espacio minero afectado por la cantera no ha sido restaurado por el responsable de la explotación debido al depósito de residuos autorizado por el alcalde de Nerja", ha precisado la Fiscalía, que añade que el simple relleno de escombros no se considera un proyecto de restauración, ya que éste debía ajustarse a la normativa.

El hueco minero se comenzó a utilizar como vertedero al menos desde 1998 y ocupa una superficie aproximada de tres hectáreas, con un volumen de residuos de más de 802.000 metros cúbicos procedentes de restos de podas, residuos de construcción y demolición y, en menor proporción, residuos peligrosos.

Cerca de cuarenta personas, entre empresarios y cargos públicos, están siendo investigados por este asunto y se han bloqueado más de 170 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 5 millones.

A los investigados se les imputan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.

Los agentes comprobaron que desde hacía más de 15 años el vertedero estaba siendo explotado y gestionado económicamente por un grupo de empresas del sector de la construcción del municipio de Nerja que incumplía las normas administrativas.