La Fiscalía investiga si existe delito en Marbella por no ejecutar derribos

  • Denuncia de la comunidad de vecinos Los Monteros contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz

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La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias a instancias de una comunidad de propietarios de Marbella para investigar si la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), incurre en un presunto delito por no ejecutar las sentencias firmes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que anulan licencias de obras y cuya consecuencia es el derribo. La denuncia, presentada ante el Ministerio Público a finales de diciembre y ampliada hace unos días, se refiere a cuatro procedimientos iniciados por la comunidad Los Monteros y entre ellos está la parte declarada ilegal de la casa de Antonio Banderas.

El escrito, firmado por la abogada Inmaculada Gálvez, censura que el Ayuntamiento "no ha contestado ni ha realizado actuación alguna" para llevar a efecto la ejecución de las sentencias, pese a que es "un derecho fundamental de las partes" y la Administración está "obligada a prestar la colaboración debida". La letrada también recuerda las declaraciones públicas de la regidora "de no proceder a las demoliciones" en Marbella.

Además de la casa de Antonio Banderas, los casos afectados son la reforma y ampliación del club de playa de un hotel y tres bloques de apartamentos a los que se dieron dos licencias, ambas anuladas por los tribunales. El escrito recoge que podría tratarse de un presunto delito de prevaricación por omisión "al no dictarse resolución alguna ni llevarse a cabo actuación alguna".

La ampliación de la denuncia cita "una nota interna" suscrita por la alcaldesa y la edil de Urbanismo de Marbella, Alba Echeverría, en la que daban "instrucciones para que se paralicen los expedientes de ejecución de sentencia" relacionados con los derribos. Fuentes municipales negaron la existencia de este papel. El Ministerio Público, según fuentes fiscales, está a la espera de recibir más documentación sobre la denuncia para pronunciarse.

Alba Echeverría recordó ayer que el equipo de gobierno local, por "coherencia y sensatez", optó por esperar a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ahora en trámite, antes de acometer posibles derribos. "No se trata de una decisión aleatoria, sino que es algo muy meditado", dijo la edil, que recordó que es la misma postura que defendió la gestora en su día. También aludió a los tres autos del TSJA que paralizan los procesos de derribo hasta que esté aprobado el PGOU.

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