La Fiscalía investiga si se falseó el registro del Consorcio de Bomberos

  • El Ministerio Fiscal abre diligencias por falsedad tras la denuncia presentada en diciembre contra la secretaria-interventora del organismo de la Diputación por parte del exgerente, José Luis Cámara

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La Fiscalía de Málaga investiga una denuncia por falsedad contra la secretaria-interventora del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), dependiente de la Diputación de Málaga, a la que se acusa de crear expedientes en blanco en el Registro de Entrada del organismo, del que era responsable, que después presuntamente sustituía por los informes pertinentes. El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias de investigación penal y trasladado el caso al Juzgado Decano para su reparto tras la denuncia presentada contra Ascensión Nevado, funcionaria del organismo, por el exgerente del mismo en la etapa socialista en la Diputación, José Luis Cámara.

El exgerente denunció en diciembre de 2011, primero por escrito y luego en una declaración ante el fiscal Francisco Javier de Torres, que seis meses antes había descubierto que la secretaria-interventora del Consorcio Provincial de Bomberos reservaba un número de registro que dejaba en blanco y que posteriormente rellenaba con un documento que contenía un informe diferente a lo que había manifestado de forma verbal tanto al denunciante como al presidente del Consorcio, entonces el diputado socialista Francisco Márquez. Cámara manifestó al fiscal que entendía que esa situación era "cuanto menos anómala" y que provocaba "la indefensión de todos los trabajadores del Consorcio por la mala fe en la custodia del Registro", según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico.

El exgerente del CPB manifestó que en una "revisión rutinaria" en junio de 2011 -cuando el PP ya había conquistado la Diputación pero no tomado posesión en la institución- del listado de documentos en el Registro de Entrada "detecté que donde debían constar informes de la secretaria-interventora del Consorcio existían sólo documentos en blanco". Al entender que la situación era "irregular", solicitó explicaciones a la secretaria-interventora por escrito y a través del Registro. "Al poco tiempo de mi petición por escrito, se me hace entrega de una copia de los dos informes que debían constar en el Registro desde el 24 de febrero de 2011 el primero y desde el 7 de junio el segundo, y que casualmente vienen a contradecir lo que verbalmente y en reunión de coordinación de toda la organización, vino planteando la secretaria-interventora", denunció Cámara.

"En ese mismo acto -prosigue la denuncia- en el que se me entrega el informe, la secretaria interventora da las indicaciones pertinentes a la funcionaria de registro para que se extraigan las hojas en blanco registradas que existían y fuesen sustituidas por los informes que hasta ese momento obraban en su poder". Los dos asuntos en conflicto que después explicaría Cámara en su testimonio ante el fiscal son la prórroga de la comisión de servicios del jefe de Bomberos del CPB, Antonio Roda, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla, tramitada por el organismo pero de la que la secretaria-interventora hizo un informe desfavorable al entender que iba contra la normativa, y otro en el que daba la razón a una impugnación de los bomberos del parque de Coín, que rechazaban que un funcionario interino pudiera ponerse al mando de funcionarios de carrera.

El 21 de diciembre, día siguiente del testimonio del ex directivo socialista, que lo acompañó con fotos de los documentos en blanco y escaneo de los registros informáticos donde aparecía "sin documento" en los archivos donde debía mencionarse el documento registrado, el fiscal estimó que los hechos denunciados podrían constituir un delito de falsedad -penado con entre tres y seis años de cárcel- y remitió las diligencias al Juzgado Decano.

Consultada por este periódico, Ascensión Nevado, la secretaria-interventora del CPB, aseguró desconocer tanto la investigación de la Fiscalía como el asunto denunciado. Fuentes del organismo, sin embargo, achacaron la denuncia de Cámara a la supuesta negativa de la funcionaria a avalar legalmente decisiones que éste habría tomado cuando dirigía el organismo.

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