La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias de investigación penal en relación con la compra irregular de varias cámaras y lentes por parte de la Radio Televisión Municipal de Málaga . Así lo han asegurado fuentes judiciales, quienes han indicado que la apertura de estas diligencias se produce después de la denuncia presentada por la actual dirección de la sociedad municipal por si existe delito en el proceso de adquisición de dicho material. El consejo de administración de finales de noviembre aprobó por unanimidad poner en conocimiento de la Fiscalía "todos aquellos expedientes de esta empresa en los que se detecte alguna irregularidad, por si son constitutivos de algún delito".

La adquisición de las cámaras y de las unidades de lentes se realizó en 2015, estando la anterior dirección, mediante dos expedientes de contratación, debiendo ser entregado el material en un plazo de 30 días. Al constatarse que no había sido suministrado, se decidió resolver el contrato y reclamar la devolución del dinero. Posteriormente, un informe del secretario municipal alertó "de varias irregularidades" en la compra de las cámaras y lentes que se pagaron y nunca llegaron a Onda Azul, así como en la política de personal realizada en la empresa.

En concreto, se precisaba que si el presupuesto de licitación del expediente era de 55.000 euros y la empresa ofertó 30.230, "esta oferta debió ser considerada baja desproporcionada al suponer una reducción aproximada del 45% del presupuesto de licitación". Así, según dicho informe, la decisión de la anterior gerencia de Onda Azul -Fátima Salmón- de que la oferta de la citada empresa podía cumplirse "se adoptó sin las debidas cautelas legales" y basándose en "el plazo perentorio esgrimido por la firma para mantener su oferta".

El consejo de administración de Onda Azul acordó el pasado noviembre, con los votos a favor del PP, Málaga Ahora y Ciudadanos, el despido disciplinario del hasta ahora director financiero y de recursos humanos de la entidad, Alejandro Briales y, por unanimidad, trasladar a la Fiscalía los expedientes de compra. La decisión adoptada supuso apuntar al ya ex directivo de la radio televisión municipal como responsable de las irregularidades detectadas en el ente. De acuerdo con el expediente abierto contra Briales, se le imputaba una posible "infracción laboral muy grave". Entre los hechos que justifican la determinación adoptada está la adjudicación y el pago anticipado de material audiovisual a una firma que no reunía las exigencias mínimas para concurrir al procedimiento. Otro de los hechos de los que se le hacía responsable era que no se aplicasen las medidas previstas en el plan de ajuste municipal, que incluían la reducción de un 3% del salario de aquellos empleados que percibiesen más de 30.000 euros brutos anuales.