Las expectativas de quedar en libertad podrían haber quedado truncadas para el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca. El fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, solicitó ayer que se prorrogue por dos años más la prisión preventiva para el presunto cerebro de la trama corrupta descubierta durante la operación Malaya.

La petición tuvo lugar en el transcurso de la vista que se celebró en el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad para estudiar la excarcelación de Roca, ya que el próximo 29 de marzo se cumplen dos años de su detención y posterior ingreso en la cárcel, por lo que se agotaría el plazo máximo de prisión provisional prevista por la legislación. Ante esta circunstancia, López Caballero solicitó una nueva y última prórroga de dos años para el presunto urdidor de los convenios urbanísticos firmados durante la era GIL.

La propuesta, a la que también se adhirieron las defensas de la Junta de Andalucía y del Consistorio marbellí, ha caído como un jarro de agua fría sobre el detenido, que fue trasladado desde la prisión de Albolote (Granada) hasta las dependencias judiciales para realizar un alegato en su defensa. Ahora, el juez Óscar Pérez deberá decidir en un auto, antes de que finalice marzo, si excarcela al ex asesor de Urbanismo.

Por otra parte, su abogado, José Aníbal Álvarez, se mostró en contra de la petición de Anticorrupción y de los letrados de la acusación particular porque cree que "no está acreditado que pueda existir riesgo de fuga". A ese respecto, recordó que Roca se encuentra imputado desde 2002 en el caso Saqueo que instruye la Audiencia Nacional y "nunca ha intentado sustraerse de la acción de la Justicia".

Álvarez lamentó que el fiscal se refiera a los "hipotéticos fondos" que el detenido "posee en el extranjero" para argumentar una posible huida. Por este motivo, solicitó en la comparecencia que los investigadores "acrediten y pongan a disposición" del Juzgado de Instrucción la información que poseen sobre los supuestos inmuebles y cuentas corrientes.

De lo contrario, el letrado considera que se estaría "pretendiendo" que el procesado cumpliese una pena anticipada, lo que daría lugar a una "situación insostenible". Además, indicó que el propio fiscal Anticorrupción reconoció que el juicio oral de este caso no se celebrará en los dos próximos años, una razón más, en su opinión, para impedir que Roca continúe privado de libertad todo ese tiempo.

En ese sentido, Álvarez manifestó que otros procesados en esta misma causa fueron excarcelados tras abonar fianza, a pesar de que tenían antecedentes penales. Aunque se encuentra imputado en un buen número de procedimientos, el abogado recordó que su cliente nunca ha sido condenado con sentencia firme.

Sobre la intervención del detenido para solicitar su "inmediata" puesta en libertad, apenas trascendieron detalles, pero su defensa utilizó argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional sobre en qué condiciones de "excepcionalidad y proporcionalidad" debe mantenerse una prisión preventiva.

Álvarez hizo referencia al arraigo que Roca tiene en Marbella y que le supondría un freno a la hora de intentar fugarse. En este punto recordó que su esposa continúa viviendo en el domicilio que poseen en el municipio, mientras que su hijo cursa estudios en un centro de Estepona.

Otra razón es que debe ocuparse de sus sociedades, que "han sido objeto de una administración judicial", dijo Álvarez.