Málaga

Garantizan la presencia de un diputado autonómico en los plenos

  • Delgado Bonilla denunció que Vélez los trasladó a los viernes para impedir su presencia

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia de Málaga ha dado la razón al parlamentario del PP Francisco Delgado Bonilla, que denunció que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga trasladó en septiembre de 2009 los plenos de los lunes a los jueves para impedir su presencia en ellos. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga dictó en enero de 2010 un auto por el que se suspendía cautelarmente ese cambio en las sesiones y, posteriormente, dictó una sentencia favorable al parlamentario autonómico y entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento, al entender que se vulneraba el derecho de representación de los ciudadanos.

Sin embargo, el anterior gobierno municipal, formado por PSOE, IU y el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM), presentó un recurso de apelación, que ahora ha sido desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Delgado Bonilla, que actualmente es alcalde de Vélez-Málaga, se ha referido a "la paradoja" que supone que la sentencia condene a pagar las costas causadas en la apelación a la parte recurrente, en este caso el Ayuntamiento.

Por otra parte, Delgado Bonilla señaló que la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo también analiza la situación que se ha producido hace unos meses con la nueva ley de la Junta de Andalucía sobre la incompatibilidad del cargo de alcalde con el de parlamentario autonómico. En este sentido, el alcalde indicó que el fallo señala que, de haberse admitido el cambio de día de los plenos, "se estaría implícitamente declarando dicha incompatibilidad, dada la imposibilidad física del concejal y diputado de estar en dos sitios diferentes al mismo tiempo, por lo que no podría efectuar las funcionas propias, al menos, de uno de sus mandatos".

Según Delgado Bonilla, se estaba haciendo por parte del Ayuntamiento lo que una ley tiene que regular y ya se ha regulado, "aunque el PP no está de acuerdo, puesto que entiende que es un ataque a la autonomía local y a los ayuntamientos, que son voces que deben escucharse en el Parlamento".

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