García Marcos elude declarar sobre los 360.000 euros intervenidos en su casa

  • La exteniente de alcalde de Marbella se niega a hablar sobre los sobres con dinero hallados en el registro policial pese a que Juan Antonio Roca reitera en un careo con ella que le pagó 312.000 euros en sobornos

Isabel García Marcos fue ayer ella misma. Dura. Locuaz. Incombustible. No lucía así desde los tiempos en los que se ganó los apelativos de Rubia de hierro y Azote del gilismo. En el banquillo del caso Malaya sólo hay otra persona equiparable: Juan Antonio Roca, el exasesor de urbanismo ahora sospechoso de haber sido el cerebro de la corrupción político-urbanística de Marbella. Los dos se enfrentaron ayer en un careo en el que no se miraron a la cara ni un segundo. Él para asegurar que le entregó 312.000 euros en sobornos entre 2004 y febrero de 2006. Ella para negarlo. García Marcos trató de hacer ver al tribunal que la juzga por corrupción que ella no se alió por dinero a los herederos políticos de Jesús Gil en la moción de censura que apeó a Julián Muñoz del poder, sino que lo hizo por "oportunidad política" y plenamente respaldada por la dirección provincial y regional del PSOE.

Llegado este punto eligió cuidadosamente las cabezas sobre las que hacía estallar la tormenta: la consejera de Presidencia, Mar Moreno, y el expresidente de la Diputación, Salvador Pendón. Explicó que nada más confirmar que el GIL se había fracturado y que la moción de censura era una hipótesis plausible se lo comunicó "al secretario provincial de política municipal, Salvador Pendón, y él, según me contaba, informó a la secretaria regional de política municipal, Mar Moreno". La dirección de los socialistas, de acuerdo con la versión de García Marcos, estuvo "en permanente contacto" con ella hasta el día 31 de julio de 2003, fecha en la que concejales del GIL, del PSOE y del PA firmaron ante notario su componenda política. García Marcos subrayó que esto fue así hasta el punto de que pidió a Pendón que él o Mar Moreno acudieran a Marbella para darle empaque al acuerdo. Sin embargo, el entonces presidente de la Diputación se excusó porque tenía una visita institucional y le hizo saber que la actual consejera de Presidencia tampoco podía acudir porque comenzaba sus vacaciones. No obstante, "me dijo que siguiera adelante. Esta fue mi última conversación" con la dirección.

La declaración de García Marcos está en línea con las que hizo en 2003 para justificar la moción de censura. Ya entonces aseguró tener el respaldo del partido, por medio de Pendón, y éste lo negó categóricamente. Y nada más formalizarse la moción el PSOE expulsó a sus concejales de Marbella que la habían respaldado. La exteniente de alcalde de Marbella aprovechó su declaración judicial de ayer para volver a airear que el PSOE había dado su bendición al contenido del acuerdo que ella había negociado "con Juan Antonio Roca" y que brindaba "al PSOE una magnífica oportunidad para cumplir su vocación de gobierno". Además, el panorama era crítico: el GIL se fracturaba a los dos meses de ganar por mayoría absoluta las elecciones y sobre la mesa había 30.000 viviendas fuera de ordenación, otras 11.000 sin licencia de ocupación y 3.100 en suelo no urbanizable.

García Marcos echó mano de su currículum como látigo del gilismo para recordar que durante años había acumulado sentencias en contra porque ni los tribunales se ponían de acuerdo en el planeamiento aplicable en Marbella e, incluso, su partido, hasta que Enrique Salvo Tierra llegó a la Delegación de Urbanismo, tampoco compartía su tesis de que el PGOU aplicable era el de 1986. La situación era tan descomunal que, según su lectura de los hechos, sólo existían soluciones políticas y ahí está la razón des que se aliara con los giles para convertirse en la primera teniente de alcalde de Marbella. En aquellas negociaciones, según contó al tribunal, también estaba presente el entonces presidente del PP, Joaquín Ramírez, aunque esta formación no se sumó a la moción de censura "porque la actual alcaldesa estaba en Suecia".

García Marcos relató que a partir de ese momento se acabaron las licencias ilegales de obras en Marbella, aunque buscó recovecos para justificar que sí autorizaran proyectos de ejecución y permisos ocupación que tenían su origen en licencias irregulares de la época de Jesús Gil. La exteniente de alcalde de Marbella, que llegó a definirse como presa política al ser detenida en el caso Malaya, respondió con rotundidad y lujo de detalles estas cuestiones, pero se negó a ser interrogada sobre las escuchas telefónicas y los sobres con 360.000 euros que fueron intervenidos en su domicilio, en parte de los cuales sospechosamente habían sido anotadas sus iniciales y las sumas de dinero de la misma manera que lo hacía Juan Antonio Roca en su contabilidad secreta.

La procesada alegó que estas pruebas han sido impugnadas por su defensa, pero el fiscal Anticorrupción reclamó que se escucharan en la sala las charlas telefónicas que sostuvo con el empresario Ismael Pérez Peña. En esas conversaciones Isabel García Marcos amañaba de acuerdo con los intereses del empresario el pliego de condiciones para sacar a concurso el servicio de la grúa municipal. Pérez Peña, que ha pactado con la Fiscalía una condena mínima por cohecho, sugería las cifras que debía cobrar Marbella por la retirada de vehículos de la vía pública La exteniente de alcalde aunque había dicho que no hablaría sobre estos asuntos no pudo resistirse a explicar que hablaba en esos términos con Pérez Peña porque quería "templar gaitas" con un acreedor del Ayuntamiento que "tenía un enfado monumental". Sobre el dinero encontrado en su casa y los sobres con las siglas y las cifras, no dijo ni media palabra. La declaración de la exteniente de alcalde de Marbella en el caso Malaya continúa el lunes.

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