El Gobierno contempla demoler edificios en diez puntos del litoral

  • Un estudio encargado por Medio Ambiente aconseja derruir urbanizaciones en Manilva, Málaga y Caleta de Vélez · La medida afecta a los apartamentos de Banana Beach

La apuesta del Gobierno central por poner coto a la invasión urbanística que sufre el litoral malagueño desde hace décadas parece definitiva. El Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Cristina Narbona, tiene en sus manos desde hace algunas semanas un documento elaborado por una consultora privada en el que se plantea, como medida extrema, la demolición de viviendas y construcciones en la costa de la provincia para restaurar la situación de los suelos más próximos al mar y anticiparse a los efectos que, según todos los estudios, podría tener el cambio climático en el próximo medio siglo.

En concreto, la Estrategia para la sostenibilidad de la Costa, nombre del documento elaborado por encargo del Gobierno central, pone sobre la mesa la necesidad de ejecutar una decena de intervenciones drásticas, con la piqueta como protagonista, para mejorar las condiciones actuales de los 208 kilómetros de costa malagueña. No obstante, desde la Dirección General de Costas se advierte que no todas las medidas puestas sobre la mesa por la consultora contratada se llevarán a cabo. En este sentido, se insiste en que cada uno de los casos debe ser estudiado uno por uno, al tiempo que ha de ser negociado y analizado con las corporaciones locales afectadas y con la Junta de Andalucía.

Pero los apuntes realizados en lo que podría denominarse manual de cabecera, que pone de relieve la masificación de la franja de terreno más próxima al mar y los efectos negativos del urbanismo, son claramente contundentes a la hora de reclamar acciones directas sobre al menos una decena de enclaves, entre los que se incluyen seis urbanizaciones, un establecimiento hotelero, un edifico de apartamentos y una residencia.

Aunque no en todos los casos las máquinas harán acto de presencia. Una de las propuestas más espectaculares es la que afecta a las más de 400 casas localizadas en las barriadas de El Palo y Pedregalejo, en Málaga capital, donde los técnicos plantean acciones que permitan "esponjar" la zona para mejorar la accesibilidad. Aunque los responsables de Medio Ambiente no asumen estas recomendaciones y buscan una salida que permita la legalización de estas construcciones.

Pero el comportamiento que se prevé para este espacio podría no repetirse en los otros asentamientos afectados. De entre todos ellos destaca, por lo que de simbólico tienen, las construcciones levantadas en la costa de las localidades de Estepona y Marbella. En estos dos municipios, la consultora encargada de elaborar la estrategia para Medio Ambiente abunda en la trascendencia de derruir el hotel La Rada, ejecutado por la promotora Prasa y que está inacabado. Sobre esta construcción ya existe acuerdo entre el Consistorio esteponero y la citada constructora para proceder a su derribo próximamente. A esta construcción se unen, en Marbella, los 238 apartamentos de Banana Beach, cuya construcción fue motivo de la primera sentencia condenatoria contra el ex alcalde marbellí Julián Muñoz. Precisamente, este inmueble es uno de los damnificados en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Marbella, que lo deja fuera de legalización.

También en el municipio marbellí la política de restauración del litoral podría afectar a las residencias de lujo de personajes como Antonio Banderas, que se asienta sobre dominio público marítimo terrestre. Y así será si se respeta el planteamiento reflejado en el estudio, que aconseja la recuperación de los suelos ocupados entre la urbanización Golf Río Real y la carretera N-340.

Continuando hacia la costa oriental, los técnicos señalan en rojo el mantenimiento de la residencia existente en la playa de Arroyo de la Miel, en Torremolinos, cuya demolición está acordada con la propietaria de la misma, la entidad financiera Unicaja. Otro de los espacios especialmente afectado por la propuesta de Medio Ambiente es la zona de costa que se extiende entre Caleta de Vélez, Algarrobo-Costa y Lagos.

Los datos indican que son siete las viviendas las que invaden la línea marítimo terrestre, aunque están a la espera de ser reguladas en el marco del Plan Especial del Puerto de La Caleta. El objetivo es "recuperar el espacio marítimo terrestre ocupado por las viviendas junto al puerto de La Caleta", para lo que, según destaca el informe, ya hay acuerdo por parte del Ayuntamiento de Vélez-Málaga para proceder a su traslado. A esta intervención se suma "la demolición del club náutico".

En Lagos y Mezquitilla, son alrededor de medio centenar las casas amenazadas, con unos doscientos residentes. Para las viviendas localizadas a levante del río Algarrobo, la propuesta pasa por trasladarlas a terrenos situados tras la carretera N-340, donde se levanta la urbanización Cerro y Mar, todo ello previo acuerdo con la Junta de Andalucía. Mientras, las de Lagos deberán ser trasladadas por detrás de la franja de cien metros.

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