Hacienda volverá un año más a poner la lupa sobre los pequeños empresarios en su batalla particular contra el fraude fiscal. Según los datos facilitados por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el agujero negro financiero provocado por la economía sumergida en Málaga asciende a 6.127 millones de euros. O lo que es lo mismo, cada malagueño ocultaría al fisco unos 3.860 euros. Para luchar contra esta situación, el Gobierno acaba de activar un nuevo plan para erradicar la economía sumergida que pivotará sobre un aumento de los controles y de las sanciones. Pese a que el documento goza del beneplácito de Gestha, el secretario general de los técnicos del Ministerio de Hacienda, José María Mollinedo, defiende que la mayor carga "la volverá a soportar el pequeño contribuyente".

Para Mollinedo, el Gobierno siempre ha focalizado su lucha contra la evasión fiscal "en el pequeño fraude". "La actividad se centra en los polígonos donde se ve actividad en una nave que, por ejemplo, no tiene rótulo, en los muelles donde se descarga la mercancía... Es un tipo de fraude muy fácil de comprobar. Además, estos empresarios no tienen estructuras societarias muy elaboradas ni asesores fiscales. Pero el gran fraude no está ahí", asegura Mollinedo. Es más, según los datos de Gestha, casi el 87% del fraude queda impune en España y cada cuatro años prescribe.

La pasada semana, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, presentó el plan diseñado por el Ejecutivo para frenar el fraude y señaló que la economía sumergida crece tanto en época de crisis como de auge, por lo que las autoridades fiscales, las inspecciones de trabajo y de la Seguridad Social "no deben nunca bajar la guardia". Además, negó que el trabajo irregular dependa del tamaño de las economías y desmintió que en los países mediterráneos o del sur de Europa el empleo sumergido sea más alto que en países centroeuropeos.

La postura que defienden los empresarios malagueños es clara. A juicio del vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, las medidas contra el fraude fiscal son acertadas, aunque con matices: "Todos estamos a favor de que se combatan las prácticas ilegales, pero lo que queremos es que se hagan por igual. Lo que no podemos hacer es entrar en esa distinción entre pequeñas y grandes empresas". El representante de los empresarios malagueños va más allá: "Lo que no tengo claro es que se esté combatiendo bien la economía sumergida. Los que trabajan en ese mundo deben ser el objetivo. Nosotros no tenemos las mismas armas que ellos y no podemos competir en esas condiciones".

El vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Rafael Amor, comparte el diagnóstico de González de Lara. A su juicio, todas las medidas encaminadas a luchar contra el fraude fiscal son positivas. "El problema es que lo más fácil es inspeccionar a las personas que están dadas de alta porque pagan sus impuestos. Nosotros lo que queremos es que se erradique de una vez por todas la economía sumergida. Bienvenido un plan que intente poner freno a las prácticas ilegales, pero nosotros no somos el problema".

La federación ha propuesto una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal, entre las que destaca el refuerzo de la inspección y el establecimiento de un mayor control en el caso de los preceptores de prestaciones o subsidios, incluidas las prejubilaciones. Además, ATA considera que es fundamental poner en marcha campañas de sensibilización con el fin de provocar un "contundente rechazo social" a estas prácticas.