Seis días después de que saltara la operación Resaca, los hosteleros malagueños cerraron ayer filas en torno a la "calidad" del alcohol que se vende en sus establecimientos después de que la Policía Local haya inmovilizado unas 15.000 botellas de bebidas alcohólicas de distintas marcas en las que se apreciaron diversas irregularidades. La Asociación de Empresarios de Hostelería de la provincia (Aehma) y la Asociación de Bares Musicales (Abemus) remitieron ayer un comunicado de prensa a los medios de comunicación en el que subrayan que todos los establecimientos compran a través de distribuidores el alcohol que se consume en los locales asociados.

En el segundo punto del escrito, el colectivo se pone a disposición de los empresarios y de las empresas asociadas para "apoyar cuantas acciones sean necesarias para erradicar la venta ilegal de alcohol". "Estamos a disposición del concejal de Seguridad del Ayuntamiento a fin de colaborar en la averiguación y comprobación de la procedencia del alcohol adquirido para el consumo en los locales", puntualiza el comunicado. Finalmente, los hosteleros mantienen que se sienten "víctimas", al igual que los consumidores, por la venta de alcohol de contrabando.

El presidente de Aehma, Rafael Prado, aseguró ayer a este periódico que el colectivo se encuentra "muy preocupado" por la imagen que se pueda trasladar a la opinión pública. "Yo llevo 17 años trabajando en este sector y le puedo decir que el garrafón es una leyenda social", asegura Prado. Sólo unos días después de que saltara la operación, Aehma hizo una encuesta a pie de calle para conocer si alguno de sus establecimientos asociados había comprado alguna partida de ese material. "Todos hemos pagado los precios y estamos muy cabreados e indignados", dijo Prados.

Por otra parte, fuentes policiales confirmaron ayer este periódico que el miércoles por la noche fue inspeccionada otra nave en el marco de la operación, aunque por el momento se desconocen cuántas botellas habrían sido intervenidas. En las inspecciones realizadas hasta el momento se ha detectado que los precintos de algunas botellas no estaban correctamente colocados, sino que habían sido pegados a mano y sólo por un extremo, cuando la normativa al respecto exige que estén colocados de tal modo que al abrir la botella se rompan, para evitar su reutilización fraudulenta.

Todos estos indicios dieron pie a una investigación más profunda, que se inició con otras inspecciones que se están llevando a cabo en establecimientos similares. La Policía Local ha podido comprobar que la mayoría de los precintos fiscales estaban adheridos a botellas distintas a las que originariamente estaban destinados. Las muestras han siso trasladas a un laboratorio municipal.