El grupo de IU en el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro advirtió de que la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública por parte del equipo de gobierno del PSOE es "ilegal", ya que supone un recorte de la libertad de movimiento de los habitantes, pero sobre todo porque no cuenta con los permisos necesarios. Por ello, exigió de nuevo que sean retiradas. El pasado mes de abril se instalaron 17 cámaras de videovigilancia en este pueblo y no fue hasta junio cuando el Ayuntamiento pidió a la Delegación del Gobierno en Andalucía permiso para su uso, siendo denegada la solicitud por varias razones. Entre ellas, "no responder a los principios de idoneidad, proporcionalidad e intervención mínima establecidos en la ley", según señaló el portavoz del grupo municipal de IU, José Pro.

En el escrito de denegación se precisaba que la medida de grabar durante 24 horas "era especialmente gravosa para la intimidad de los vecinos, que la estadística de hechos delictivos no la justificaba y que no ha habido peticiones al Pleno del Ayuntamiento", dijo Pro, que alertó de que tampoco se pidió permiso a la Agencia Española de Protección de Datos para el tratamiento de los archivos generados. El edil de IU rechazó el argumento del equipo de gobierno de que en Cuevas del Becerro se cometía un gran número de delitos. "Se está dando una imagen irreal del pueblo", lamentó. Según añadió, el coste es de 15.340 euros, de los que el Consistorio "sólo ha abonado la mitad por falta de recursos".

Desde el equipo de gobierno, además de destacar la efectividad de las cámaras, se indica que los puntos en los que están las cámaras no suponen un recorte de libertad.