Tras cuatro años de espera, el plan de los arrabales del centro histórico de Málaga empieza a ver la luz. Suscrito en agosto de 2005 entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad, el convenio de colaboración con el que se pretendía remozar esta zona de la capital de la Costa del Sol mediante una inversión de unos 100 millones de euros sigue sin ser desarrollado toda vez que a día de hoy sigue sin ser realidad una sola de las promociones anunciadas a bombo y platillo.

Frente a ello, los responsables de la Administración regional en la provincia informaron ayer del impulso que se está dando a la construcción de 130 viviendas sociales en alquiler destinadas a jóvenes profesionales, también conocidas como tecnocasas. El empuje que se da la iniciativa, no obstante, no tiene forma aún en el ladrillo, sino sólo en formato papel. En este sentido, las delegadas del Gobierno andaluz y de Vivienda y Ordenación del Territorio, María Gámez y Josefa López, respectivamente, informaron de que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) ya ha encargado la redacción del proyecto de ejecución para 32 casas de este tipo en la calle Gigantes, así como de 98 más en Lagunillas.

Al objeto de acelerar en lo posible los trámites de intervención, se han efectuado acciones arqueológicas preventivas en ambas parcelas y se disponen de unos estudios previos elaborados por el arquitecto Salvador Moreno Peralta, responsable técnico del plan de los arrabales del casco antiguo. Los datos aportados por la Junta elevan a casi 5 millones la inversión necesaria para la promoción de Gigantes y a 11,6 millones la de Lagunillas. Hasta el momento, el Gobierno autonómico ya ha desembolsado 6,5 millones en concepto de expropiación de los suelos necesarios y de los trabajos técnicos ya desarrollados.

El calendario elaborado por los responsables autonómicos señala que los trabajos de construcción de estas dos promociones de viviendas podrían iniciarse en el segundo semestre de 2010. Las labores de ejecución permitirán crear unos 500 puestos de trabajo. Tanto Gámez como López informaron, además, de que la Junta dispone desde el pasado martes de los cheques nominativos para proceder al desembolso de un total de 1,3 millones de euros por la enajenación de siete fincas. "Hemos cumplido, tenemos el dinero librado para pagar dentro del plazo legal de seis meses desde la fecha de notificación del mutuo acuerdo que nos hizo el Ayuntamiento, encargado de gestionar las expropiaciones", explicó la delegada de Vivienda, que apostilló: "Ahora es el Ayuntamiento el que tiene que completar el expediente para fijar el día y la hora para el pago".

Además, reiteró el compromiso de su departamento de cumplir el calendario de pago fijado para otras 37 fincas expropiadas por el Consistorio, en las que se ha fijado un justiprecio, al tiempo que apuntó que hay otras 15 incluidas en el ámbito de actuación pendientes de acuerdo por parte del Consejo de Urbanismo. En total, la expropiación de los suelos necesarios para edificar estas actuaciones supondrá a la Junta el pago de unos 14 millones de euros.

De otro lado, el Gobierno autonómico informó ayer de que pedido licencia de obras para construir 28 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra en las calles Parra y Alta, con un presupuesto de 3,36 millones de euros. Mientras obtienxe el permiso de obras, la intención es llevar a cabo los trabajos de excavación arqueológica en el solar.