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El Prisma

Indicios, hechos y funerales

  • El fallo de Ballena Blanca es un jarro de agua fría para la Fiscalía y supone, lamentablemente, una bocanada de aire fresco y aliento para los que se dedican a blanquear dinero

PUEDE que realmente no fuera un error el espectáculo de las plañideras de este jueves. Quizás sólo se equivocaron al elegir el lugar para su circo fúnebre. Sí, las falsas viudas llevaban sincronizado el vestuario con la concejal Teresa Porras -eso es casualidad, y no sus adjudicaciones-. Pero tampoco habría desentonado su negro entre las togas de la Ciudad de la Justicia. A la misma hora en que estas señoras -algunas, por cierto, parece que con sueldo municipal- montaban su numerito para vergüenza del Ayuntamiento, de su edil inspiradora y del alcalde que permitió el sainete, se conocía la sentencia del tribunal que ha juzgado durante casi un año el caso Ballena Blanca. Un drama digno de llanto.

El primer macroproceso que se celebra en la enorme sede judicial malagueña ha sido también una tremenda decepción, un gran varapalo para el juez Miguel Ángel Torres, para el fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero y para la Policía, y un preocupante aviso a navegantes: con muchas de estas mimbres se levantó el caso Malaya. La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, según la crónica de Encarna Maldonado, arremete sin piedad contra la investigación. En esos 524 folios no se libra de las críticas ni la Agencia Tributaria. El tribunal viene a reprochar que la mayor parte del macrocaso se ha montado sobre "indicios de criminalidad" que no se han demostrado durante el juicio, y se han anulado las escuchas telefónicas, esas que hemos leído todos del caso Malaya que tan importantes fueron para descabezar la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella.

El fallo no sólo es un jarro de agua fría para la Fiscalía, y una llamada de atención a los métodos, demasiadas veces chapuceros, de la Policía, que debería ser más moderada en sus comunicados de prensa (el caso Ballena Blanca empezó hablando de un blanqueo de 500 millones de euros y se ha quedado en menos de 2). También, lamentablemente, supone una bocanada de aire fresco y aliento para los que se dedican a blanquear dinero, uno de los delitos más difíciles de demostrar, y un paso atrás para las pruebas indiciarias como mecanismo para armar un caso.

Es poco probable encontrar testigos en los bancos de las Islas Caimán o de Delaware o que un narcotraficante le cuente a la Policía qué abogados le han llevado sus inversiones. Después dicen que las empresas sólo se llevan disgustos últimamente. El jueves fue un gran día para los chiringuitos especializados en montar sociedades off-shore. Aunque no sabemos de qué demonios se reía el abogado Fernando del Valle. Al fin y al cabo, lo han condenado a seis años y medio de cárcel por blanquear dinero de un narcotraficante.

En el caso de la concejal Teresa Porras, que sepamos no hay ningún procedimiento judicial abierto contra ella y tiene todo el derecho del mundo, como cualquier ciudadano, a la presunción de inocencia. Otra cosa son los indicios de presuntas irregularidades en su gestión. Que resulte sospechoso y criticable que con frecuencia las mismas empresas suelan llevarse los mejores contratos de sus áreas -en esto importa la cantidad de dinero, no de adjudicaciones-, que esas empresas se anuncien casi desde el principio en esa revista que se dedicaba (y lo sigue haciendo, ahora de forma más moderada) a glosar su figura y colocar fotos de la edil en cada página.

Lo que no es un indicio, sino una opinión basada en hechos reiterados desde que fue elegida concejal, es que el comportamiento de Teresa Porras ha sido indigno de un cargo público. Basta citar sus malas formas, su convicción de que la prensa sólo puede estar en su contra o a sus pies -y no simplemente haciendo su trabajo, que es informar, interpretar y opinar-, su gusto por montar saraos en las juntas de distrito para demostrar su poder o poner en aprietos a otros cargos públicos, como a los directores del Metro, o ese tufo a sátrapa con el que gobierna sus áreas. "En mi casa hago lo que me da la gana", le espetó a un técnico que le había reprochado que fumara en una reunión con la Junta en una sede municipal. El técnico, que desde luego no la tiene de jefa, le recordó lo obvio: "Esta no es tu casa, es la casa de todos".

Todos sus compañeros de corporación conocen los métodos, modos y formas de Porras. Incluido, por supuesto, el alcalde. Nunca pensamos que la dejaría llegar tan lejos. Como se descuide, en el próximo Pleno le quita el asiento. Es de donde mejor se ve la función.

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