Los tres únicos inspectores destinados por la Gerencia de Urbanismo a vigilar y denunciar las irregularidades que se cometen en el término municipal de la sexta ciudad de España denuncian falta de personal, carencia de medios adecuados para realizar su labor y sistemas informáticos "antiquísimos" como principales causas de la acumulación de miles de expedientes pendientes de tramitar y de que la caducidad de muchos de ellos haya pasado a ser "habitual".

Aunque todos los técnicos negaron la existencia de "injerencias políticas" en el desarrollo de su trabajo, la imagen que trasladaron en la primera de las sesiones de la comisión que investiga la gestión del organismo municipal entre 2006 y 2016 puso de manifiesto una falta de planificación evidente por parte de sus responsables ejecutivos. De hecho, confirmaron que el departamento de Disciplina carecía de "protocolo" alguno de intervención y de valoración hasta hace apenas un mes, cuando entró en vigor el plan de inspección del que se ha dotado Urbanismo. Una herramienta que estructura el trabajo y permite puntuar los asuntos en función de su gravedad. Hasta la fecha eran los propios técnicos los que "priorizaban" los temas.

"Es algo que tendría que haber estado en funcionamiento hace diez años por lo menos", expuso el más veterano de los inspectores, José Antonio Rubio, en esta tarea desde julio de 1990. Sus explicaciones constataron la dificultad con la que se topan a diario estos técnicos para cumplir con los plazos establecidos. "Tenemos que acabarlos en un año y muchas veces es imposible", afirmó, admitiendo la existencia de casos que se demoran tres años "porque no damos a basto".

Conforme a su exposición, el papel del inspector se circunscribe a la redacción del informe, quedando prácticamente desvinculado del resto del procedimiento. Es decir, no sabemos si una infracción acaba o no con el restablecimiento de la legalidad o con la imposición de la sanción. Algo que, admitió Rubio, llega a generar "frustración". "Es muy frustrante ver como se abre un expediente que se archiva sin llegar a su fin", dijo.

"¿Es habitual que caduquen los expedientes", le llegó a interrogar el concejal de Ciudadanos y presidente de la comisión, Alejandro Carballo, a lo que Rubio contestó: "Puede que sea habitual, pero no se dejan morir a conciencia". En ese sentido, habló de que una parte importante de la carga de trabajo se relaciona con asunto de poca relevancia. "Hay muchos que denuncian por fastidiar, pero nos provoca una pérdida de tiempo; de esas hay una barbaridad", apostilló.

El último turno le correspondió a Antonio Camuñas, en Urbanismo desde 1989, y que como inspector fue uno de los que participó activamente en los expedientes al promotor del Centro Hispano Ruso en Pinares de San Antón. Durante su intervención, destacó las dificultades con las que en ocasiones se topan en su trabajo de inspección, en especial en el no urbanizable. "He tenido persecuciones en Los Montes o en Churriana", destacó, recordando además que no pueden aparcar sus vehículos en las plazas oficiales ni en el SARE. "Hay días en los que podemos hacer seis o siete visitas y nos quedamos en dos porque tardamos mucho en llegar", añadió.

Ante las aportaciones de ayer, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ensalzó su labor y se comprometió a tratar de dar respuestas a sus peticiones. El edil aprovechó para responder a la que fuera jefa de Disciplina de Urbanismo, Teresa Domingo, quien ha afirmado que tanto Pomares como el gerente del ente, José Cardador, hicieron el "paripé" con las sanciones en Villas del Arenal. Sobre ello, Pomares recordó que el TSJA ha validado la acción de Urbanismo en esta urbanización, en el sentido de aplicar los mecanismos legales para legalizar lo ejecutado de manera irregular.