La denuncia de una asociación ecologista contra la obra de construcción de una carretera promovida por la Diputación provincial de Málaga que afectaba a una zona protegida en el término municipal de Genalguacil está siendo investigada por la Guardia Civil. La institución supramunicipal deberá entregar la copia del proyecto de obra de la empresa que resultó adjudicataria y que, al parecer, podría estar afectando a un Lugar de Interés Comunitario (LIC) e invadiendo el dominio público hidráulico con material que presuntamente está extrayendo de forma irregular de la zona donde existen hábitats y especies protegidas.

La obra fue adjudicada por la Diputación a Tapersa SL para la construcción de una nueva vía entre Genalguacil y Peña Blanca, por lo que fuentes de la institución insistieron a este periódico en que "no tenemos nada que ver ni tampoco vigilar a la empresa las 24 horas del día". En unos días los técnicos de la Diputación entregarán a la Guardia Civil la documentación que se le ha requerido para aclarar este asunto, aunque las mismas fuentes confirmaron que en ningún punto del proyecto de obra "aparece de dónde debe la empresa coger los materiales sino lo que hay que hacer".

La denuncia que la asociación ecologista Silvema Serranía de Ronda presentó hacer varias semanas también ha hecho movilizarse a la Delegación provincial de Medio Ambiente y la Agencia Andaluza del Agua, que está estudiando el caso, pero que aún no ha abierto ningún expediente pese a que las obras se están realizando en una zona protegida dentro de la Red Natura 2000.

Las comunidades vegetales y las especies protegidas que han sido catalogadas en el LIC de Sierra Bermeja y Real están incluidas en la directiva comunitaria Hábitats por su enorme valor como un endemismo de las provincias de Málaga y Granada llamado Galium viridiflorum, que está asociado principalmente a ríos y arroyos de peridotitas y que está considerado como vulnerable.

También el pinsapar de la zona, catalogado como en peligro de extinción, que desciende por el arroyo del Algarrobo que actúa como corredor se está viendo afectado, según la denuncia de Silvema. Las obras que se han llevado a cabo hasta ahora han consistido en abrir un camino que ha terminado invadiendo supuestamente el dominio público hidráulico, las zonas de servidumbre y de policía del arroyo. Además, la empresa podría haber extraído material para relleno de la zona sin la pertinente autorización ambiental a la que obliga la ley.