Jueces para la Democracia (JpD) considera que la posibilidad de que la Fiscalía de Málaga y los abogados de ex concejales del GIL con procedimientos pendientes por licencias urbanísticas ilegales lleguen a un acuerdo marco de conformidad es una medida "ordinaria" en el ámbito de la justicia penal que ofrece ventajas para ambas partes y a la que se le exige la aplicación del principio de legalidad.

El portavoz de la asociación, Jaime Tapia, explicó que la posibilidad de llegar a acuerdos de este tipo "está prevista en el ámbito de la justicia penal". "No es una medida excepcional siempre que se practique con todas las garantías adecuadas para los imputados, que el Ministerio Fiscal garantice la aplicación del principio de legalidad y que se establezcan penas correspondientes a los delitos que supuestamente se han cometido", añadió.

Sobre la negociación, cuyo objetivo es evitar la celebración de tantos juicios, Tapia explicó que esta medida "tiene sus ventajas para los imputados", ya que les "permite conocer de forma inmediata las consecuencias de su acción antijurídica". Añadió que beneficia a la Administración de Justicia porque a ésta le supone una "minimización o reducción de esfuerzos personales y materiales".

El magistrado descartó que acuerdos como éste puedan crear cierta alarma social: "A los ciudadanos hay que explicarles que se respetan los derechos de los acusados, que la Fiscalía cumple su papel y que, muchas veces, son fruto de que el acusado también tiene un interés legítimo en acabar con todo el proceso".