El PP ha asegurado hoy que el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Adolfo Moreno, que ha prestado declaración como investigado por el caso del vertedero ilegal de Nerja, ha admitido que la Junta no tramitó ningún expediente por este asunto hasta agosto de 2016.

Los populares, que están personados en la causa abierta por la existencia de un vertedero irregular en el paraje del Río de la Miel de Nerja, ubicado en un parque natural, han precisado en un comunicado que la Junta no adoptó ninguna medida cautelar contra el recinto hasta después de que los populares dejasen la Alcaldía.

El PP se ha referido a la declaración de Moreno ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox, en la que ha señalado que fue en agosto de 2016, año y medio después de acceder a su cargo, cuando tuvo conocimiento "de manera casual" de la existencia de estos vertidos.

Ha precisado que fue en este momento cuando se trasladó al consistorio y a los empresarios afectados la necesidad de dar una solución al vertedero.

Según el PP, el testimonio del delegado territorial evidencia "la negligencia" del gobierno autonómico en su control como administración competente en la gestión de estos vertidos y avala la tesis del anterior gobierno local de que la Junta "no hizo advertencias sobre la ilegalidad de los mismos".

Los populares han recordado que hubo varios expedientes a los que el Ayuntamiento presentó alegaciones y otro en 2008 que la Delegación dejó prescribir, lo que demuestra, para el PP, "la escasa importancia" que la administración autonómica dio a este asunto.

Han insistido en que en su declaración del pasado diciembre, el exalcalde popular José Alberto Armijo,informó de que existía una autorización administrativa de la antigua Confederación Hidrográfica del Sur para rehabilitar mediante el vertido de escombros la antigua cantera de Río de la Miel.

Además, indicó que ninguna administración advirtió durante sus mandatos al Ayuntamiento de ilegalidad alguna, y aseguró que el equipo de gobierno siguió en este asunto la línea que marcaba la asesoría jurídica del Ayuntamiento.

La denominada operación "Rubbish" se inició a raíz de las pesquisas llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el mencionado juzgado.

La investigación comenzó en agosto de 2016 tras las denuncias presentadas por el vertido ilegal e incontrolado de residuos de la construcción y demolición, residuos peligrosos, residuos de podas y vegetación o plásticos en una antigua cantera situada en el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.

Cerca de cuarenta personas, entre empresarios y cargos públicos, están siendo investigados por este asunto y se han bloqueado más de 170 bienes muebles e inmuebles valorados en más de cinco millones.

A los investigados se les imputan presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva y prevaricación administrativa.