La negociación está cerrada. La Junta de Andalucía ha dado carpetazo definitivo al caso del campo de tiro Guadalmedina ubicado en Los Montes de Málaga y exige a la Federación Andaluza de Tiro Olímpico el desalojo de las instalaciones y la entrega de las llaves. Los afectados anuncian movilizaciones y ya han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma www.change.org para intentar in extremis evitar el cierre de un recinto activo desde 1972

La decisión ha pillado por sorpresa a los responsables de la entidad deportiva que confiaban en alcanzar un acuerdo que evitara el cierre después de que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio accediera el pasado mes de junio a crear una comisión técnica para tratar de buscar una solución legal a la resolución administrativa que decretó la retirada de la concesión, tras el incendio ocurrido en agosto del año pasado en Los Montes.

Tras varios encuentros entre los responsables de la Junta y la entidad, fuentes de ésta última confirmaron a este periódico que la negociación se ha roto de forma unilateral al haber recibido un escrito con fecha 7 de julio en el que se le pide que desaloje las instalaciones. "Ni siquiera nos contestan", según criticaron, a los reiterados intentos por encontrar una salida dentro del marco legal permitido, máxime si se tiene en cuenta que el procedimiento administrativo concluyó al rechazar la Consejería de Medio Ambiente el recurso de alzada presentado por la Federación contra las dos resoluciones negativas de la Delegación Territorial.

Era la única posibilidad de mantener abierto el recinto después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechazara en junio la medida cautelar solicitada por la defensa de la entidad para que se pudiera continuar la actividad en tanto en cuanto no haya una resolución judicial en firme sobre el recurso que inició en marzo pasado.

El incendio declarado en el entorno el pasado mes de agosto, y que se saldó con unas 200 hectáreas forestales calcinadas, fue el motivo de que el Gobierno autonómico iniciara un procedimiento administrativo contra la entidad concesionaria que desembocó finalmente en una resolución que le obligaba a dejar el recinto el pasado 10 de junio por no haber realizado las actuaciones preventivas necesarias para evitar el incendio. La razón dada por la Delegación provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se fundamentaba en que no se realizaron tareas de mantenimiento en los alrededores y que eso facilitó la propagación de aquel fuego. Pero la Federación ha insistido desde entonces en evitar echar el cierre a unas instalaciones a las que están abonados unos 800 tiradores y en el que trabajan cinco personas.

Uno de los argumentos defendidos es que la decisión de revocar la concesión de la que goza desde hace más de 40 años no se ajusta a derecho porque desde que en agosto de 2013, es decir justo un año antes del incendio, se le renovó la autorización por un plazo de diez años más tras contar con todos los informes favorables y no haber recibido ningún requerimiento ni apercibimiento previo.