La Consejería de Educación va a realizar a lo largo del verano 23 actuaciones de mejora en centros educativos de la provincia de Málaga que van a contar con un presupuesto global de 1.237.246 euros. Estas actuaciones se están acometiendo al margen de la retirada de amianto en otros 7 colegios, con una inversión de casi 1,8 millones. Las obras van a consistir en la adecuación y creación de nuevos espacios educativos en 16 centros docentes, lo que va a permitir la creación de alrededor de 660 nuevos puestos escolares, así como la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de aseos para personas con discapacidad en otros seis.

La delegada de Educación, Patricia Alba, visitó ayer el colegio Cerro Coronado de la capital, donde se está realizando una actuación por 60.499 euros. En el centro se está llevando a cabo una reforma completa e integral de varios aseos para optimizar el espacio y ganar uno adaptado a personas con discapacidad.

Alba destacó que "estos trabajos son un ejemplo de los acometidos por la Consejería de Educación, que no descansa durante el período estival para seguir mejorando las infraestructuras educativas de nuestra provincia". Además, ha recordado que "la obra que se realiza en el colegio Cerro Coronado se engloba dentro del Plan de obras de escolarización 2017".

Los 23 centros educativos en los que se van a realizar estas intervenciones están ubicados en las localidades de Alhaurín de la Torre, Arriate, el núcleo de Arroyo de la Miel en Benalmádena, Cártama, Cortes de la Frontera, Estepona, Fuengirola, Málaga, Mijas y el núcleo mijeño de Las Lagunas, Pizarra, Rincón de la Victoria, Ronda y Viñuela.

Del mismo modo, la Consejería de Educación prosigue con la retirada progresiva de amianto en los centros docentes con 7 nuevas actuaciones en la provincia que se van a efectuar, tal como estaba previsto durante el periodo vacacional y que van a suponer la inversión de casi 1,8 millones de euros. Actuaciones que se enmarcan en la planificación para la retirada progresiva del amianto aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta el 5 de julio de 2016.