La Junta de Andalucía de mantiene firme en su idea de reclamar al Ayuntamiento de Málaga la pérdida de ingresos que se derivaría de la imposibilidad de prolongar en superficie del trazado del Metro hasta el entorno del Hospital Civil. Un perjuicio que se cifra en entre 3 y 4 millones de euros. Según destacaron desde la Administración regional, esta suma es la que se destinaría a compensar a la concesionaria encargada de la explotación del ferrocarril urbano por no poder sumar los cerca de 3 millones de usuarios anuales que se estiman del recorrido a ras de calle hacia la zona norte.

Una cuantía que, llegado el momento, habrá de ser agregada a la factura que, según el convenio del Metro de 2003, tienen que sufragar las arcas municipales como parte de los costes de explotación del ferrocarril urbano. Tomando como referencia los cerca de 70 millones en los que se estima la explotación para 2018, el Consistorio debiera hacer frente a unos 17 millones, correspondientes al 25%. La posición expresada ayer desde la Consejería de Fomento coincide al pie de la letra con la advertencia lanzada hace ahora casi un año y medio por el titular del departamento, Felipe López, quien apuntó en la misma dirección. A diferencia de la advertencia hecha en junio de 2016, la ratificación de esta línea de acción se produce en un momento procedimental clave, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de tumbar las razones esgrimidas por el Consistorio para solicitar la anulación del proyecto básico del tramo al Civil.

El protocolo que firmó el alcalde incluía la llegada a la Alameda y al entorno del hospital

A esto se suma la decisión del Gobierno andaluz de ir adelante con el trámite que forzará la adecuación del planeamiento urbanístico para dibujar el itinerario tranviario. Ambos hitos, tras la declaración de interés metropolitano del ramal, deja con escaso margen de maniobra al Ayuntamiento. Pese a la contundencia del fallo del alto tribunal andaluz, adelantado por este periódico el pasado lunes, el alcalde insistió en repetir las razones por las que se opone a la intervención, aludiendo, de un lado, a la necesidad de contar con la opinión de los vecinos (el colectivo con representación es claramente contrario) y a que la actuación no suponga una afección grave sobre las líneas de la EMT que pasan por Eugenio Gross y Blas de Lezo. El ramal más afectado, el 15, según los datos municipales, podría perder del orden de 1,5 millones de pasajeros anuales.

El regidor también hace caso omiso a la posible repercusión económica de su negativa. Ahora, de nuevo, Fomento advierte con una reclamación patrimonial al Ayuntamiento para compensar las pérdidas derivadas del incumplimiento del protocolo de intenciones firmado por la Junta, el Consistorio y la propia concesionaria para reajustar el proyecto del suburbano. Conforme a la literalidad del citado acuerdo, rubricado por el propio De la Torre en noviembre de 2013, el recorrido original, que llegaba soterrado hasta la Plaza General Torrijos, quedaba sustituido por un doble tramo: uno, bajo tierra, desde el Guadalmedina hasta la mitad de la Alameda Principal; el otro, en superficie, desde El Corte Inglés hasta el entorno del Civil. La maniobra pactada se justificó en la necesidad de desbloquear la puesta en servicio parcial del Metro, que finalmente tuvo lugar a finales de junio de 2014, y rebajar los costes de construcción de la infraestructuras restante. Los argumentos contaron con el rechazo del Consejo Consultivo, que emitió un informe contrario a la modificación contractual que llevaba aparejado el cambio de trazado.

Tanto el tramo ahora en ejecución en al Alameda como el pendiente de impulso hacia el Civil formaban una unidad de trazado con el fin de que la culminación del recorrido permitiese alcanzar los 20,7 millones de pasajeros, cifra considerada como la adecuada para garantizar el equilibrio económico-financiero de la explotación. De los dos elementos, solo uno está en marcha y cuenta con el favor municipal; el otro, no forma parte del esquema del regidor.

No obstante, en el último año se ha producido una variación del equilibrio político en torno a esta iniciativa que juega a favor de la Junta. Y es a eso a lo busca agarrarse ahora el Gobierno regional para presionar a De la Torre con el fin de, llegado el momento, allane el camino a la obra. Donde antes había más voces contrarias a la apuesta tranviaria, hoy son mayoría los que opinan a favor de la misma. En este cambio de tendencia es clave el papel de Ciudadanos, socio de investidura del alcalde. El pasado martes, el portavoz de este grupo en la Casona del Parque, Juan Cassá, denunciaba "la soledad" en la que se encuentra el mandatario local en este asunto y le invitaba a sumarse al plan de actuaciones que la formación naranja reclama a la Junta como condición para que se pueda ejecutar el trazado.