La Junta inyectará otros 221 millones al Metro en los dos próximos años

  • De ellos, 142 millones son para garantizar el servicio del suburbano y el menor coste del billete; los otros 79, para terminar la obra pendiente

Imagen de los trabajos del Metro a la altura de la Alameda Principal. Imagen de los trabajos del Metro a la altura de la Alameda Principal.

Imagen de los trabajos del Metro a la altura de la Alameda Principal. / javier albiñana

Los números proyectados por la Junta de Andalucía ponen nuevamente al Metro de Málaga en la cima de sus preocupaciones económicas para los años 2018 y 2019. Tanto es así que para ambos ejercicios las previsiones plurianuales del Gobierno andaluz sitúan en algo más de 221 millones de euros la suma global que tendrá que reservar en sus presupuestos para cubrir los costes de explotación y funcionamiento del suburbano y los trabajos de construcción de la parte de la infraestructura aún pendiente de culminar.

Todo ello viene concretado en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Agencia de Obra Pública de Andalucía, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Según las cifras reflejadas en este documento oficial, de los 221 millones contemplados para los dos próximos ejercicios, 142,4 millones se corresponden con las aportaciones que ha de realizar la Consejería de Fomento para garantizar la explotación del ferrocarril urbano malagueño (mediante estas subvenciones se permite reducir el valor real del billete que paga el usuario), a los que añadir otros 79,7 millones para obras. A los números planteados para esas anualidades han de incorporarse las reservas ya aprobadas y en vigor para 2017, que alcanzan los 83 millones (15 millones para construcción y 68 millones de euros para exploración).

Tomando como referencia la totalidad de estas partidas, el Metro de la capital de la Costa del Sol va a ser merecedor entre 2017 y 2019 de unos 305 millones de euros. De ellos, 210 irán a parar a pagar la diferencia entre el coste real del transporte y lo que abonan los viajeros del medio de transporte (la diferencia por usuario ronda los 3,2 euros). El peso de estas aportaciones crece exponencialmente si se tiene en cuenta que el retraso de las obras impedirá al Metro crecer en pasajeros de manera clara al menos hasta mediados de 2019. Y ello siempre que se logre la conexión desde el intercambiador de El Perchel hasta el centro urbano.

De las reservas totales, los otros 94,7 se destinarán a continuar los tramos aún pendientes en la red. Dentro de este paquete, Fomento presupuesta la terminación del tajo de la Alameda (fue adjudicado por 26,6 millones de euros), el único vivo en este momento, así como la reactivación de los trabajos en el tramo anterior, el Renfe-Guadalmedina, marcado por la incertidumbre ante el retraso que acumula la operación iniciada por la Junta para rescindir amistosamente el contrato con la constructoria original, Ortiz, e iniciar una nueva licitación.

Esta parte de la red, cuya terminación se estima en unos 24 millones, está paralizada desde el verano de 2015. Fomento confía en poder desbloquear el procedimiento en las próximas semanas, aunque se trata de un y trámite que se esperaba que estuviese resuelto a principios de este mes. La hoja de ruta que tiene ante sí la Junta incluye el dictamen de Consejo Consultivo de Andalucía, al que aún no ha llegado el asunto, y, posteriormente, una nueva aprobación por parte del Consejo de Gobierno andaluz.

Aún peor es el escenario en el que se localiza la apuesta autonómica por prolongar el Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil. Tras la ruptura total en las conversaciones con el Ayuntamiento, ante la negativa de éste a aceptar la propuesta, la consejería sigue adelante con su intención de que el Consejo de Gobierno andaluz apruebe el interés metropolitano de este tramo, figura que le permitirá poner las bases para licitar la contratación de esta obra sin necesidad del visto bueno del Ayuntamiento. De acuerdo con las primeras estimaciones de la Junta, esta parte de la infraestructura queda valorada en 44 millones de euros. Todo apunta a que el conflicto acabará en los tribunales.

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