La Junta de Andalucía justifica que las inspecciones que han terminado en sanción para la mayor parte de los municipios del Guadalhorce por verter sus aguas residuales al río, por estar aún pendientes de que precisamente esa administración les dote de una depuradora, forman parte de "las obligaciones que imponen la ley" sobre el control de vertidos.

Así lo dijo a este periódico ayer el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno, tras las críticas hechas públicas por los alcaldes de Cártama, Álora, Alhaurín el Grande, Coín y Pizarra al asegurar que están siendo inspeccionados y sancionados por la Junta de Andalucía, a pesar de insistir en que pagan un canon de vertido precisamente por no tener aún infraestructuras de saneamiento.

2015Año. Es la fecha en la que la Junta dejó de autorizar a los municipios los vertidos en el Guadalhorce

Pero Moreno insistió en que desde 2015 los vertidos dejaron de ser objeto de autorización para una vez que entró en vigor el reglamento de vertidos en dominio público hidráulico y en dominio público marítimo terrestre y explicó que "por tanto tampoco en los dos últimos años se han puesto sanciones siempre y cuando los vertidos se hayan mantenido en niveles aceptables similares a los que se autorizaban".

Sin embargo, el mismo delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio reconoció que "es verdad que desde el punto de vista jurídico estas sanciones son polémicas y generan controversia", ya que admitió que "no es posible evitar esos vertidos de aguas residuales si no tienen depuradora". Aunque también matizó que "todo tiene una explicación" porque dijo que el Gobierno autonómico "está obligado a llevar a cabo campañas de inspecciones anuales para el control de los vertidos".

"Es la pescadilla que se muerde la cola", según Moreno, que admitió que la potestad sancionadora de la Administración autonómica "pierde su objeto porque debe ejercerse para corregir una infracción que en este caso no tiene sentido al tener que seguir vertiendo".

Máxime si las dos infraestructuras pendientes en la zona y que acabarían con este problema, la que abarcaría a parte de Málaga, Cártama, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, por un lado, Coín, Álora y Pizarra, por otro, son competencia de la propia Junta al haber sido obras declaradas de interés autonómico en 2010.

Sobre el retraso que acumulan una y otra, el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lo justificó en "la difícil situación financiera" por la que ha atravesado la administración y en "los problemas en la tramitación de los expedientes a la hora que de los municipios aporten los terrenos necesarios para construir las depuradoras pendientes".

La paradoja es que el reglamento de vertidos sólo permite a estos municipios solicitar de nuevo la autorización provisional de vertidos siempre y cuando tengan un proyecto definitivo para la construcción de una depuradora.