La reunión clave del sector del taxi con la Junta consiguió lo que los profesionales del colectivo llevaban meses pidiendo: más inspecciones para los vehículos de turismo con conductor (VTC) y el compromiso por escrito del Gobierno autonómico empezar a trabajar en ello a partir del 15 de septiembre. Los taxistas decidieron la madrugada pasada si mantenían el en una asamblea sectorial marcada por la división en las intervenciones.

En el encuentro por la mañana con el consejero de Fomento, Felipe López, la situación tenía visos de desatascarse. La reunión terminó de manera "satisfactoria" para el sector, como explicó en rueda de prensa posterior Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi. Los taxistas salieron de la sede de la Consejería con un compromiso del Gobierno autonómico en relación a un aumento en las labores de inspección a los VTC.

Sin embargo, los profesionales del sector presentes en Sevilla desvelaron que la Junta "comenzó la reunión no cediendo lo más mínimo", y aseguraron que el consejero en un primer momento dijo que la solución de fondo del problema está "únicamente en manos del Gobierno central". Sin embargo, conforme fue desarrollándose el encuentro la administración autonómica fue entendiendo más las demandas de los taxistas y fue "abriendo la mano".

Las principales exigencias del sector en la reunión pasaban por la "retirada inmediata de las unidades VTC no domiciliadas en Andalucía", para que la Junta pueda establecer un mecanismo de control que atestigüe que los VTC pertenecientes a otras regiones no facturan más del 20% de sus beneficios fuera de su propia comunidad. También, con carácter inmediato, solicitaron controlar que los vehículos de turismo privados, tales como los Cabify, no capten clientes en la calle, sino que permanezcan en su base a la espera de la precontratación del servicio.

La Junta se ha comprometido también a estudiar ceder competencias en los trámites de expedientación de irregularidades cometidas por los VTC. En la actualidad, cuando un policía local multa a un vehículo de turismo sin la documentación en regla, los trámites de esa infracción tienen que llegar al gobierno autonómico, en un proceso en el que se pierden hasta seis o siete meses. La Junta está dispuesta a ceder esa competencia al Ayuntamiento para que la sanciones a los VTC infractores lleguen antes.

La administración regional considera también inhabilitar las licencias a los vehículos de turismo con conductor que superen las tres infracciones, algo que desde el sector del taxi se ve con muy buenos ojos. A la finalización de la reunión, el consejero de Fomento pidió al Gobierno central una legislación que garantice la proporción de un VTC por cada 30 taxis, lo que según él "garantizará la cohabilitabilidad entre sectores". López añadió que en andalucía la proporción se acerca al 1/10 y que "puede llegar a alcanzar el 1/1 en un futuro", situación que preocupa al sector a largo plazo.

Tras la reunión, ocurrió un despiste que obligó a los taxistas a quedarse en Sevilla hasta dos horas más. El sector salió para la capital de Andalucía con el firme propósito de traerse de vuelta un compromiso por escrito de la Junta, pero cuando acabó la reunión los representantes del taxi olvidaron pedir al consejero su firma sobre los compromisos que se adquierieron para controlar de manera más estricta a los VTC. Cuando los chóferes se percataron de ello, el consejero ya había abandonado el edificio. Un par de horas después, consiguieron la firma de la viceconsejera de Fomento, María Nieves.

Por la tarde, el gremio celebró la asamblea sectorial para decidir si mantenía el paro. El cónclave estuvo marcado por la división en las intervenciones, estando los chóferes más jóvenes a favor de continuar con la huelga y los que son padres de familia por la vuelta al trabajo. Noche de tensión para un sector cuya lucha por reconvertirse no ha hecho más que empezar.