El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga tiene previsto juzgar el miércoles al que fuera administrador único de la promotora Aifos por un delito de insolvencia punible por, presuntamente, traspasar a otra empresa, de la que también era dueño, bienes con el fin de ocultárselos a los acreedores y evitar embargos. Este juicio se ha suspendido varias veces, la última ocasión porque un testigo que faltó es el autor de un informe aportado por la defensa con el que se pretende justificar los movimientos de una empresa a otra, que está impugnado por la acusación particular, con lo que debe ser valorado en la vista. En esta causa, que ha tenido más de ocho años de instrucción, la acusación la ejerce el despacho Ley 57 Abogados en nombre de sus clientes, que solicita para Jesús Ruiz Casado cuatro años de cárcel por, presuntamente, traspasar a otra empresa, de la que también era administrador, un total de 138 fincas. Por su parte, la Fiscalía no acusa.

Así, la acusación particular en esta causa, dirigida por el letrado Carlos Cómitre, en representación de un matrimonio que compró una vivienda a la promotora, que nunca recibió, considera que el objetivo de Jesús Ruiz Casado para llevar a cabo ese traspaso era "ocultar" a los acreedores de Aifos, en liquidación desde finales de 2014, esos bienes y evitar acciones judiciales sobre los mismos. Según el escrito de conclusiones provisionales del abogado, el acusado "diseñó y orquestó una aparente operación de dación en pago" de 138 fincas por valor de 17,2 millones de euros más IVA a otra sociedad de la que también era administrador. La mayoría de éstas estaba libre de carga, "frente al restante patrimonio de Aifos, hipotecado" en su mayor parte.