Limitan el acceso a la sede de Urbanismo de Estepona ante las quejas de Duarte

  • El concejal de Urbanismo denuncia que algunos imputados en la operación Astapa pueden manipular documentos

"Nadie podrá acceder bajo ningún concepto al edificio Puertosol por las tardes a no ser que tenga una autorización expresa". Así lo aseguró ayer el concejal de Seguridad Ciudadana de Estepona, Antonio Sánchez (PSOE), después de que el edil de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE) denunciara la manipulación de documentación por parte de imputados en el caso Astapa contra la presunta trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento.

Duarte remitió el pasado viernes un escrito al concejal de Personal y Régimen Interior, Francisco Zamorano, en el que estimaba que debía "evaluarse la previsión de medidas de control en el acceso a las dependencias municipales, en particular al edificio de Puertosol, siendo en especial riguroso en cuanto al acceso no autorizado fuera del horario de atención al público".

Zamorano, que se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros en el marco de la citada operación, remitió el escrito al concejal de Seguridad Ciudadana, quién aseguró que además de restringir el acceso al edificio, se ha dado orden de servicio para que las patrullas "estén alerta y puedan acudir rápidamente" en el caso de que se produzca una emergencia. Además, según el citado edil, "Urbanismo tiene dos Policías Locales adscritos a ellos de los que pueden disponer cuando lo consideren oportuno".

En el escrito remitido por Duarte a Zamorano, el edil de Urbanismo también señaló la necesidad de "remover" al jefe de los servicios técnicos de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, así como al jefe de los servicios jurídicos del citado Área, Andrés Flores, ambos en libertad bajo fianza por el caso Astapa. A De la Hoz se le imputan los presuntos delitos de fraude y malversación.

Ante esta solicitud, Zamorano señaló a Duarte que es él el que debe incoar el expediente oportuno, que se remitiría a la Alcaldía para proceder a la "remoción de los puestos de libre designación" a lo que añadió que "no existe constancia de que se haya emitido auto alguno limitativo del acceso a las dependencias municipales de los afectados por la instrucción del sumario. Tampoco de empleados municipales adscritos a la delegación de Urbanismo".

Mientras tanto, los líderes políticos regionales siguen enzarzados a cuenta del escándalo urbanístico. El presidente Manuel Chaves explicó ayer en Cádiz que la situación del Ayuntamiento de Estepona no se puede comparar con la de Marbella y con la Operación Malaya, ya que, en este último caso, "casi todos los concejales estaban imputados o procesados". Chaves sostiene que habría que agotar todas las posibilidades para que "con los concejales que no están imputados se pueda formar una ayuntamiento democrático", pues "hay que recordar que fueron elegidos democráticamente".

Una teoría que comparte a medias Diego Valderas. El coordinador general de IU, Diego Valderas, defendió la creación de un "gobierno de unidad de todas las fuerzas políticas y de manos limpias" en Estepona. Pero también se mostró dispuesto, si no hay capacidad para hacerlo, a solicitar la disolución de la Corporación municipal.

Esta es la vía favorita del PP que ha pedido la convocatoria de la Diputación Permanente, órgano que vela por los intereses del Parlamento andaluz en vacaciones, para debatir una proposición no de ley en la que se insta a la Junta a pedir al Gobierno la disolución del Ayuntamiento de Estepona.

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