La Comisión Provincial de Urbanismo, dependiente de la Junta de Andalucía, acaba de dar luz verde al plan de sectorización de los suelos de Sánchez Blanca -cerca de los terrenos que ocupaba Intelhorce-, lo que, entre otras consecuencias, va a permitir impulsar la construcción de un total de 1.150 viviendas de protección oficial (VPO) en este punto de la ciudad. Esta cifra supone el 33% de las más de 3.400 casas que la propietaria de la parcela, Prasa, podrá construir en la misma.

El avance en la tramitación administrativa de este asunto, que se ha dilatado varios meses por la falta de ciertos documentos, fue valorado por el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Marcos, quien consideró que se trata de una iniciativa de "enorme importancia". Uno de los efectos inmediatos del acuerdo adoptado es la puesta en funcionamiento del convenio firmado en junio de 2006 por el grupo Prasa y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), al objeto de que ésta asuma la promoción de parte del aprovechamiento residencial destinado a vivienda de protección oficial. En concreto, el organismo dependiente de Obras Públicas desarrollará directamente la construcción de unas 730 VPO, mientras que las 420 restantes se mantendrán en manos de la empresa.

Pero de acuerdo con este convenio, la compensación que recibe Prasa no es desdeñable. Fuentes cercanas a la Administración autonómica informaron a este periódico de que, en cumplimiento del mismo, la Junta entregará "un equivalente a 43.790 metros cuadrados de techo residencial en el sector Parque Victoria, en el municipio de Rincón de la Victoria" a la citada promotora. Una superficie traducible en 440 viviendas de renta libre. La intención de la Junta, en el caso de Sánchez Blanca, es que una vez urbanizado el sector, tarea que corresponde a Prasa, puedan iniciarse las obras de las viviendas sociales.