Maestros bajo sospecha

  • Depuración. Expertos en historia de la educación de la Universidad de Málaga desvelan cómo el franquismo investigó de forma sistemática a todos los docentes para neutralizar a los desafectos

LA dictadura sometió a depuración a Antonio Machado y lo sancionó para el ejercicio de la enseñanza cuando el poeta ya había muerto en Colliure (Francia). Como él también fueron objeto de expedientes de depuración Gerardo Diego, Vicente Aleixandre y miles de profesores y maestros en un intento sistemático de eliminar cualquier influencia a priori nociva para los intereses del régimen.

Isabel Grana, Carmen Sanchidrián y Francisco Martín Zúñiga, profesores del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, encontraron casi por casualidad los expedientes de depuración de los profesores de instituto cuando investigaban en el Archivo General de la Administración para un proyecto sobre el acceso de las mujeres a la enseñanza secundaria y superior. La existencia de los expedientes no era desconocida, pero durante 50 años no se habían podido abrir bajo el argumento de que contenían información personal, de ahí que de alguna forma estuvieran recubiertos por una pátina de olvido.

"Aunque los docentes en general no estaban muy politizados, los grandes reformadores eran docentes", subraya Isabel Grana para poner de manifiesto la desconfianza que los golpistas sublevados albergaron desde el primer instante hacia profesores y maestros. De hecho, apenas un mes después de la sublevación, en agosto de 1936, se encargó a los rectores universitarios la depuración. A través de la información remitida por gobernadores civiles y alcaldes realizaban informes individuales de los docentes de su territorio que enviaban a Burgos, donde estaba emplazado Franco y su Junta de Defensa Nacional.

En noviembre de 1936 esta tarea se formalizó a través de un decreto que obligaba a todos los profesores a prestar una declaración jurada ante las comisiones de depuración. En este sentido, se crearon cuatro tipo de comisiones encargadas de depurar al profesorado universitario, a los docentes de escuelas técnicas, profesores de institutos y escuelas normales, y a los maestros. Cada docente estaba obligado a prestar una declaración jurada ante la comisión de depuración correspondiente. "Fundamentalmente se perseguían las ideas izquierdistas con el objetivo de eliminar cualquier influencia republicana" o adversa al régimen, indican los investigadores.

"Se tenía en cuenta, por ejemplo, quién había ido a un mitin de Azaña, quién estaba afiliado a FETE (sindicato de enseñanza de UGT) antes de 1936, la masonería o no seguir determinados comportamientos morales y religiosos", resume Isabel Grana. Hubo profesores acusados de no acudir a misa los domingos.

La primera investigación sobre los profesores de secundaria comenzó en 2001 y desde entonces, el equipo ha encadenado proyectos que le han permitido revisar 2.445 expedientes de docentes de institutos de toda España. El 73% de esos profesores fueron confirmados tras superar los procesos de depuración, mientras que el 27% restante resultó sancionado. Las penalizaciones comprendían desde la expulsión e inhabilitación para la enseñanza hasta la suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación para puestos directivos, separación del cargo, traslado -sobre todo en zonas con alto componente nacionalista-, y la bajada de escalafón o categoría.

El equipo universitario malagueño ha podido constatar durante el estudio de los expedientes la discrecionalidad y arbitrariedad con la que funcionaron estas comisiones. "Cada una actuó de una manera. Lo que para una era delito, para otra no. Un mismo hecho se sancionaba de diferente manera. Un docente con pasado socialista podía ser inhabilitado por una comisión, pero otra, en otro caso idéntico, optaba por la suspensión de empleo y sueldo. Dependía mucho de las personas que constituían las comisiones, si tenían afinidad personal o albergaban algún odio o rencilla".

Los cuatro institutos de Málaga (capital, Vélez, Antequera y Ronda) contaban con 45 profesores. Más del 18% fue separado Esta era una de las sanciones más duras, solo superada por la inhabilitación que ni siquiera permitía el ejercicio de la docencia en centros privados.

La muerte civil y profesional de los sancionados también dependía mucho de sus relaciones y entorno social. Los investigadores recuerdan el caso de Manuel Laza Palacio, que aún inhabilitado pudo seguir en la enseñanza en el colegio jesuita de San Estanislao.

Aquellas comisiones las componían cinco personas y pedían informes a la Guardia Civil, el jefe de Falange en cada zona y a otros profesores. En este sentido la delación estaba a la orden del día. Se animaba a comunicar cualquier comportamiento sospechoso de profesores y maestros.

Con toda la información recabada se elaboraba un pliego de cargo que el interesado podía rebatir con un pliego de descargo. Después se hacía una propuesta de castigo a la comisión nacional confirmaba o variaba la resolución.

Las sanciones se imponían incluso cuando el interesado ya había fallecido, como ocurrió con Machado, para impedir que la familia pudiera tener acceso a algún tipo de pensión. Aunque los expedientes de depuración se hicieron hasta 1943, sus consecuencias perduraron en el tiempo aún a pesar de la "falsa amnistía de los años 60 para algunos, pocos, porque los docentes que participado en la guerra o se habían significado en partidos de izquierdas seguían sancionados". Todavía en 1973 una viuda solicitó la habilitación de su marido y se le negó.

También se ha apreciado componente de género en el sistema de depuración. Las sanciones impuestas a las mujeres fueron importantes desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo lo que pone "en evidencia la percepción reaccionaria del nuevo régimen", señalan en un artículo publicado en el libro La recuperación de la memoria histórico-educativa andaluza.

¿Qué impacto tuvo en el sistema educativo? Los expertos de la Universidad de Málaga coinciden en señalar que este método cuantitativo y pedagógico de controlar y someter a los docentes fue "muy eficaz": "Lo cortó todo". "Eliminó de raíz la tradición pedagógica que había instaurado la Institución Libre de Enseñanza". "La educación volvió a pasar doctrinalmente a manos de la iglesia". El sistema transmitía el mensaje de que el docente estaba en el punto de mira. Se controlaba no solo mediante la sanción. También con el miedo. "La enseñanza pública estaba amarrada y amordazada".

Esta línea de investigación es la más completa y prolongada del equipo del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga pero no la única. En realidad, sus indagaciones abarcan todo el sistema educativo, con la excepción de la universidad. En este sentido, María del Campo Pozo realizó su tesis doctoral en el seno de este equipo en torno a la depuración de los maestros de primaria. En este caso, las comisiones operaban en el ámbito provincial. La investigadora analizó 2.100 expedientes de maestros de la provincia de Málaga.

Además, Carmen Sanchidrián, Francisco Martín Zúñiga e Isabel Grana están a punto de finalizar otro proyecto de estas características sobre las denominadas escuelas normales, en las que eran formados los docentes. En este caso, los investigadores han tenido que afrontar la sorpresa de que estos expedientes han desaparecido. No figuran, como debieran, en el Archivo General de la Administración. Por el momento nadie sabe de su paradero. La investigación, por tanto, se ha tenido que realizar por rutas secundarias: los archivos universitarios donde fueron depositados los expedientes que hicieron inicialmente los rectores e, incluso, el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se publicaban las resoluciones definitivas.

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