El Ayuntamiento de Málaga bloquea sine die el impulso de grandes promociones de viviendas sociales en alquiler. O más en concreto, al menos hasta que se tenga seguridad de tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía abren la vía para apoyar económicamente a la construcción de este tipo de pisos. Una cuestión de la que están pendientes los responsables municipales desde hace varios años antes de dar vía libre a la tramitación de las 1.000 viviendas proyectadas desde hace más de una década en el sector Universidad.

El bloqueo que pesa sobre esta intervención, que por cifra de pisos seguiría la estela del barrio de Soliva, fue confirmado ayer por el alcalde, Francisco de la Torre, el mismo día en que entregaba una pequeña promoción de 23 VPO en la calle Jiménez en régimen de alquiler con opción a compra y destinada a jóvenes de menos de 35 años. Se da la circunstancia, según los datos manejados por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que de las cerca de 15.000 personas que integran el registro municipal de demandantes de una vivienda a precio asequible, el 75% son jóvenes. Y la inmensa mayoría demanda o la opción de alquiler con posibilidad de compra o simplemente alquiler.

Por ello resulta relevante que el regidor confirmase la ausencia de calendario para que las máquinas empiecen a trabajar sobre el sector Universidad, que ya cuenta con los proyectos de edificación y con la obra de urbanización concluida. Preguntado por el motivo de esta inacción, el regidor habló de la necesidad de que las administraciones regional y estatal regulen un plan de fomento de la vivienda "para que la promoción pública y privada puedan hacer mayor oferta". "Hace falta que esa regulación quede clara", dijo.

El escollo detectado por los responsables municipales es que sin la aportación procedente de estas administraciones todo el coste de la construcción de estas viviendas recaería directamente sobre los arrendatarios o futuros compradores. Una losa que se antoja imposible de asumir por colectivos que en muchos casos tienen recursos limitados.

A modo de ejemplo, fuentes municipales expusieron: "construir un piso puede costar entre 75.000 u 80.000; si ese dinero se financia por medio de un préstamo, la hipoteca resultante rondará entre los 350 y 400 euros mensuales, pero ¿cuánto cobra el Ayuntamiento por el alquiler? En función de los recursos de los destinatarios la horquilla puede ir de 150 a 250 euros, con lo que siguen quedando otros 150 o 200 euros pendientes que hasta hace unos años se pagaban con las ayudas públicas. Pero como ahora no hay ¿quien paga ese dinero? ¿El Ayuntamiento?"

La incidencia se deja sentir de manera especial sobre Universidad, dado el volumen de la operación, con una inversión que en su globalidad ronda los 100 millones de euros. Y de manera más precisa y en el corto plazo sobre las 216 VPO en régimen de alquiler cuya construcción el Ayuntamiento había presupuestado este año, con una reserva inicial de casi 1,3 millones (el coste global de estos edificios supera los 15 millones de euros), y para la que disponía de los créditos de financiación.

Estas 216 viviendas serían las primeras a ejecutar en este espacio, localizado en la zona de ampliación del campus de Teatinos, en las proximidades de los Asperones. Pero su bloqueo afecta igualmente a aquellas otras edificaciones contempladas en venta o en alquiler con opción compra.

Pendiente de avance la operación Universidad, el Ayuntamiento sigue adelante con otros proyectos de mucho menor volumen, teniendo en la actualidad en marcha siete actuaciones con capacidad para 132 viviendas, con una inversión de 10 millones. Todas ellas tratan de dar respuesta al colectivo de jóvenes menores de 35 años y todas se encuentran en régimen de alquiler con opción a compra. En los últimos 17 años, el IMV ha entregado 5.171 pisos con algún tipo de protección.