El Ayuntamiento de Málaga pospone cualquier medida con la que poner coto al fenómeno creciente de la vivienda turística a disponer de un estudio global y pormenorizado de sus efectos, ya sean positivos y negativos. Este es el propósito actual de los responsables municipales que inciden en la necesidad de evitar "decisiones precipitadas" y actuar una vez se disponga de "un diagnóstico real".

La línea a seguir fue trazada por el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, quien informó a Málaga Hoy de que se ha hecho el encargo a la Fundación Ciedes esta labor. "Se va a encargar un estudio sobre el tema de la vivienda turística, completo, con todos los análisis y teniendo en cuenta cuáles son nuestras competencias", expuso el edil del PP.

Pomares puso el acento en la necesidad de detallar las afecciones que esta actividad tiene sobre ciertas zonas de la ciudad, ya sea sobre la saturación del uso, o el incremento de los precios de alquiler, pero también el punto positivo de las "rehabilitaciones de edificios, la creación de puestos de trabajo...". "Hay que actuar pero sobre un diagnóstico bien hecho", insistió el concejal.

Asimismo, abundó en la importancia de tomar en consideración que Málaga no cuenta con las competencias necesarias para otorgar licencias a este tipo de viviendas, más allá de las relativas a ocupación para determinados inmuebles adecuados para este uso. "Málaga no es Barcelona", recordó el concejal, que apuntó que el Consistorio sólo maneja en este momento los datos de las mesas de trabajo creadas al efecto.

El escenario en el que quiere moverse el Ayuntamiento aplaza en el tiempo las opciones de intervención que se han venido poniendo sobre la mesa en los últimos meses, caso de la declaración como saturadas de ciertas zonas de la geografía de la capital, caso del Centro histórico. Esta figura acotaría la posibilidad de otorgar nuevas autorizaciones para viviendas turísticas en aquellos puntos en los que se sobrepase un porcentaje determinado de uso. Una vía de acción que iría en la línea de lo que, por ejemplo, se está planteando en San Sebastián.

A esta iniciativa se sumó meses atrás la posibilidad de contemplar una mayor tributación para los propietarios de estos alojamientos, ya fuese vía impuesto de actividades económicas o tasa de basura. Sobre el particular, otras fuentes municipales señalaron que la aplicación de estas posibles medidas queda paralizada a la espera de las decisiones que se adopten en l esfera política.

Los últimos datos correspondientes al pasado mes de junio sitúan en 1.821 las viviendas turísticas registradas por la Junta de Andalucía en la capital, que se traducen 8.958 plazas. De todas ellas, el distrito Centro alberga un total de 1.341 viviendas (más del 73%) y 6.240 plazas (casi el 70%); al que le sigue el distrito Este, con 193 viviendas y 1.054 plazas. El predominio que este tipo de alojamiento tiene sobre el casco antiguo ha derivado, según reconocen algunos organismos, caso del OMAU (dependiente del Ayuntamiento) en una elevación de los precios de alquiler de los pisos y la casi inexistencia de los mismos.