Malaya pone a prueba la capacidad del sistema para afrontar la corrupción

  • Noventa y cinco personas se sientan mañana en el banquillo · Se enfrentan a 500 años de cárcel acusadas de crear una trama de negocios urbanísticos ilegales y de blanqueo a costa del patrimonio municipal

La sala número cuatro de la Audiencia de Málaga será a partir de mañana el laboratorio en el que se medirá la capacidad del sistema judicial español para afrontar la corrupción. Noventa y cinco personas se sentarán en el banquillo de los acusados en el caso Malaya. Entre ellos el supuesto artífice de la trama, Juan Antonio Roca, tres antiguos alcaldes de Marbella (Julián Muñoz y Marisol Yagüe y Tomás Reñones) y 14 concejales del equipo de gobierno hasta que se disolvió la corporación en abril de 2006. El banquillo lo completan 38 empresarios y directivos de empresas, la mayoría inmobiliarias, acusados de pagar sobornos para conseguir beneficios del Ayuntamiento o de hacer negocios sospechosos, 28 abogados y testaferros procesados por crear la ingeniería societaria destinada a ocultar y blanquear capitales, cuatro marchantes de obras de arte y artículos de decoración, cuatro funcionarios y la esposa e hijos de Roca.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Juan Antonio Roca, un ingeniero de minas con una discretísima trayectoria empresarial a sus espaldas, llegó a mediados de los 90 a Marbella de la mano de Jesús Gil, que lo convirtió en su asesor de urbanismo. Desde ese aparente segundo escalón de la vida municipal amasó un patrimonio personal que el fiscal valora en 200 millones de euros a través de negocios financiados principalmente con supuestos sobornos pagados por los empresarios que a cambio "recibían resoluciones e informes favorables a sus intereses, fundamentalmente en el campo urbanístico, con vulneración de la normativa de aplicación o mediante los rendimientos obtenidos con los negocios en común que acometió con algunos de estos empresarios", de acuerdo con el escrito de acusación.

¿Cómo conseguía Roca que el equipo de gobierno se plegara a sus intereses? Anticorrupción afirma que repartiendo sobres. Presumiblemente, entre 2001 y 2006 recibió 33,3 millones de euros en cohechos de empresarios que buscaban hacerse con aprovechamiento urbanísticos, o sea con patrimonio municipal, aumentar la edificabilidad de parcelas, lograr licencias donde no correspondía o simplemente beneficiarse del silencio municipal. De esa cantidad, la Fiscalía estima que invirtió 5,2 millones en corromper a los concejales del equipo de gobierno y a funcionarios esenciales que podían haber tirado de la manta y poner al descubierto lo que ocurría.

El escrito de acusación del fiscal indica que empresarios como Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que también solían hacer pingües negocios inmobiliarios con Roca, le entregaron 6,8 millones de euros. Agrega que el promotor granadino José Ávila Rojas le pagó otros 4,6 millones y Jesús Ruiz, presidente del grupo malagueño Aifos, 4,6 millones. En el frente político, la Fiscalía Anticorrupción precisa que la ex alcaldesa Marisol Yagüe desde que llegó a la Alcaldía a través de una moción de censura que desalojó del poder a Julián Muñoz hasta su detención presumiblemente recibió 1,8 millones de Juan Antonio Roca, que también se hizo cargo de la compra de un piso en Madrid valorado en 438.000 euros y de financiar dos operaciones de estética.

Isabel García Marcos, la rubia de hierro que persiguió el gilismo hasta que decidió cambiar de bando y apoyar la moción de censura, supuestamente recibió 312.000 euros de acuerdo con la contabilidad intervenida a Roca, aunque el fiscal matiza en su informe de acusación provisional que en su domicilio se hallaron 376.000 euros en efectivo que presume procedían de comisiones ilegales. El ex alcalde Julián Muñoz que arribó a la Alcaldía en 2002 para sustituir a un Jesús Gil recién inhabilitado por el caso Camisetas y permaneció en el poder hasta que en 2003 se le ocurrió destituir a Roca de su puesto en la Gerencia de Urbanismo e inmediatamente fue descabalgado del poder con una moción de censura, pudo obtener otros 162.000 euros en comisiones.

Algunos de los procesados como la concejal Carmen Revilla reconocieron ante el juez instructor que habían recibido dinero del artífice de la trama marbellí. Sin embargo, tanto Revilla como otros acusados han ido sistemáticamente retractándose de aquella primera declaración. Tan sólo el empresario Fidel San Román ha llegado hasta este momento del procedimiento admitiendo que entregó dinero a Roca, aunque no en la cantidad que señala el fiscal. Venidas a menos aquellas autoinculpaciones, los papeles de Maras son esenciales para avalar las tesis de las acusaciones que ejercen la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía y Hacienda.

Esa documentación, en realidad, son unos archivos informáticos en formato excel localizados en la sede de Maras Asesores, considerado el cuartel general desde el que Roca movía los hilos de su imperio, en los que aparecen unas cifras junto a unas iniciales que los investigadores atribuyen a los concejales y empresarios. Atacar la conexión de las iniciales con las identidades de empresarios y concejales se convertirá previsiblemente en una tarea primordial de las defensas.

Los 95 acusados en el caso Malaya se enfrentan en conjunto a cerca de 500 años de cárcel y 4.000 millones en multas. Pero este macrojuicio es algo más que una sucesión de nombres conocidos y cifras meteóricas, supone también la prueba de fuego para testar la capacidad de la Policía para investigar la corrupción política al por mayor, de los jueces de instrucción para liderar estos casos y de los tribunales para sentar en el banquillo a los acusados, dictar sentencias y si hay condenas ejecutarlas.

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