Los flecos sueltos de la operación Malaya que la Audiencia ordenó investigar en mayo de 2010 para aclarar 23 posibles casos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delitos urbanísticos, junto a siete negocios sospechosos de blanqueo de capitales, pesan ahora como una sombra sobre la causa contra la corrupción político urbanística de Marbella. La Fiscalía Anticorrupción advirtió que había varias actuaciones urbanísticas, licencias y convenios que habían escapado a las pesquisas de Malaya. Reclamó a la Audiencia que dedujera testimonio y el tribunal aceptó que se iniciaran nuevas investigaciones en los juzgados de Marbella. La sorpresa sobrevino el 15 de noviembre del año pasado, 13 meses después de comenzar el juicio, cuando las defensas de los procesados en Malaya pusieron el grito en el cielo al descubrir que los jueces marbellíes habían empezado a abrir diligencias por asuntos que también se juzgaban en Malaya. Afirmaron que estaban expuestos a ser juzgados dos veces por los mismos hechos, un pecado mayor en el Derecho Penal que implica necesariamente la nulidad de los procedimientos.

El problema residía en que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía sí habían acusado por esas operaciones que empezaban a ser investigadas en Marbella y que no formaba parte de la acusación de la Fiscalía. Aunque en ese momento se avinieron a adherirse al relato de los hechos planteado por el fiscal y el tribunal instó a los magistrados marbellíes a parar sus pesquisas hasta que recaiga sentencia en Malaya, la polvareda todavía no ha amainado.

El tribunal pretende desde hace tres meses que los abogados de las defensas se pongan de acuerdo sobre la necesidad de que esos cabos sueltos se investiguen en Marbella o se incorporen a Malaya. Una postura única ahora evitaría en el futuro peticiones de nulidad. El problema es que no hay manera de que lleguen a un acuerdo. La mayoría prefiere que esos cabos sueltos se incorporen a Malaya y que no haya investigaciones adicionales en Marbella. Sobre todo las defensas de los concejales, porque evitarían que se les abrieran ahora más frentes judiciales y se beneficiarían de la prohibición de incorporar a estas alturas del juicio nuevos delitos. Sin embargo, otros abogados, como el letrado que defiende al empresario Carlos Sánchez, se resisten y prefieren que se aparten de este juicio.

Mientras, la Fiscalía mantiene en que ninguna de las operaciones , convenios y licencias de la época del GIL que han originado la apertura de causas judiciales en Marbella es objeto de acusación en Malaya. Tras baldías insinuaciones para que los abogados se pusieran de acuerdo, el tribunal que preside el magistrado José Godino los convocó el martes pasado a los letrados a una reunión en un último intento porque aunaran posiciones. El encuentro acabó como terminó: sin acuerdo. El embrollo está servido. También las sospechas de que se buscan defectos que provoquen nulidades aunque sea parciales. Mientras tanto, la solución que planteó el tribunal en noviembre de instar a los jueces de Marbella que paralicen las investigaciones hasta que haya sentencia en Malaya también tiene sus inconvenientes porque invade la jurisdicción de los magistrados de instrucción.

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