Si hay una localidad en España que en las últimas décadas se asocia al urbanismo depravado, a la corrupción política de la mano del ladrillo, esa es Marbella. El municipio costasoleño trata de recuperarse ahora de la larga sombra de ilegalidad dejada tras de sí por los diversos gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL), cuya mancha ocupó por igual lo que en origen estaba pensado para acoger un parque o un colegio. Unos desmanes incontrolados que se tradujeron en 18.000 viviendas irregulares, escenario que, sin embargo, sabe poco o nada del tacto de la piqueta y que, por el contrario, se asoma a la búsqueda de soluciones con las que apaciguar los temores.

La herramienta de Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) elaborado a la par por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía dibuja a las claras las herramientas a emplear para normalizar la situación de 16.500 construcciones ilegales (de las que ya se ha normalizado un millar). Sólo una pequeña muestra se mantiene bajo la amenaza de la quema, coincidentes con las promociones asentadas sobre espacios inundables o marítimo terrestre, caso de Banana Beach, Río Real y La Víbora.

Ninguna de estas tres heridas en el territorio han sido borradas por el efecto de la demolición. Una conclusión que no parece clara. El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, se mostró la pasada semana en contra de derribar estas edificaciones y adelantó que el Consistorio "seguirá peleando" para que se regularicen. "Estas barbaridades no se pueden construir a pie de playa, pero una vez edificadas el daño que se hace echándolas abajo es mayor que si se conservan", llegó a afirmar. Una posición que, de partida, abre todos los caminos para aquellos que infringen las normas elementales del urbanismo. Lo expuesto por el edil del PP es claro, ante hechos consumados ha de buscarse la vía para dar luz a lo ilegal.

Y es la vía de escape hallada en Marbella lo que parece estar tras la determinación de la Junta de aplicar un trato semejante a las irregularidades del interior, a lo que se levanta sobre el no urbanizable. No son pocos los alcaldes de estas zonas de la provincia que a lo largo de los últimos años han reclamado para sus vecinos el mismo trato que se empezaba a dispensar a Marbella.