Un hombre de 51 años ha fallecido la pasada medianoche al precipitarse de una grúa escalera en Málaga capital cuando, al parecer, sufrió un infarto mientras retiraba unas placas de cubiertas de amianto.

El personal de Emergencias 112 Andalucía recibió sobre las 00:15 la llamada de un compañero de trabajo del fallecido en la que indicaba que el varón se había precipitado de unos dos metros de altura en la calle Jovellanos.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local y personal de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).

Aunque inicialmente fuentes policiales informaron al 112 de que el trabajador estaba cambiando unas bombillas del viario público cuando se produjo el siniestro, el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, ha precisado que todo parece indicar que ha sufrido un infarto y, a consecuencia del mismo, se ha caído.

Representantes de los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este mediodía para denunciar el accidente laboral mortal, que eleva a número doce los fallecidos en la provincia de Málaga en lo que va de año, un 60% más que en el mismo periodo de 2016.

El secretario provincial de CCOO ha criticado la "presión" que sufren los trabajadores en los centros, que a su juicio está derivada de las circunstancias que la reforma laboral impone en los ritmos y las condiciones de trabajo.

Además, ha pedido a la Junta que "invierta en la Justicia" porque hoy se celebra un juicio sobre el fallecimiento de un trabajador hace diez años, y "esa lentitud de la justicia no arropa, no da defensa posible a la familia".

Por su parte, la secretaria general de UGT en Málaga, María Auxiliadora Jiménez, ha reivindicado más seguridad en los puestos de trabajo, y ha calificado de "inadmisible" que menos de quince días después del último accidente laboral mortal haya que lamentar un nuevo fallecimiento en el puesto de trabajo.

Jiménez ha exigido mayor seriedad y contundencia en el cumplimiento de la normativa en materia de prevención, tanto a las administraciones públicas en sus funciones de vigilancia y control de la legalidad, como a los empresarios, responsables de garantizar unas condiciones laborales dignas y entornos que no pongan en riesgo la salud de los empleados.