La Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sancionó en marzo del pasado año al Ayuntamiento de Torremolinos con una multa de más de un millón de euros por infracciones en chiringuitos de la localidad. Así lo confirmaron ayer fuentes de la delegación, después de que Izquierda Unida sacara a la luz pública la denuncia tras haber sido publicada en el acta de la junta de gobierno local del pasado 29 de enero.

En este sentido, según se desprende del escrito, la Delegación de Medio Ambiente impuso esta multa por la ejecución "no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre lo autorizado" en un total de 20 chiringuitos comprendidos en las playas del Bajondillo, Los Álamos y Playamar.

Las resoluciones fueron dictadas por Javier Carnero, entonces delegado de Medio Ambiente en Málaga, en febrero y marzo de 2014 por importes que oscilan entre los 20.475 y los 76.308,94 euros por cada uno de los establecimientos, sumando un total de 1.101.997,42 euros.

Pero además de las infracciones por la ejecución de obras no autorizadas, desde la administración autonómica manifestaron que también hubo denuncias de vecinos por ruido ante el uso "no adecuado" que determinados empresarios estaban dando a los establecimientos, convirtiendo las instalaciones en "macrodiscotecas".

Ante esta situación y ante el requerimiento de la Fiscalía, el gobierno autonómico procedió a la tramitación de un expediente de acuerdo con la normativa.

Asimismo, aseguran que previamente se avisó al Consistorio de que 19 de los 65 chiringuitos del municipio y que tienen permiso como quiosco -50 metros cuadrados-, ocupaban un espacio de entre los 800 y más de mil metros cuadrados.

Contra dichas resoluciones, el Ayuntamiento afirma haber interpuesto un recurso de alzada con fecha 3 de abril de 2014 en el que insta la declaración de la nulidad de las multas y la suspensión de la ejecución de las resoluciones sancionadoras, "sin que hasta la fecha se haya resuelto el recurso ni la petición de suspensión, por lo que habiendo transcurrido el plazo de 30 días para contestar a la suspensión sin que se haya dictado acuerdo, las resoluciones se encuentran suspendidas en vía administrativa", manifiestan en el acta de la pasada reunión.

Ante la falta de respuesta, la junta de gobierno local acordó recientemente interponer un recurso contencioso administrativo "dado el silencio de la administración autonómica ante el recurso de alzada contra las veinte resoluciones sancionadoras".

No obstante, desde la Delegación de Medio Ambiente negaron tener conocimiento del recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento, con lo que recriminan que la administración local no haya a día de hoy pagado la sanción "ni retirado ni un metro de ocupación ilegal".

Por su parte, el portavoz de la coalición de izquierdas en el municipio, David Valadez, criticó que el Consistorio "haya ocultado las cuentas reales a los vecinos, que tienen tanto derecho a conocerlas como el propio concejal de hacienda o el alcalde".

Asimismo, recordó que en los recientemente aprobados presupuestos municipales "no aparece ninguna mención a esta resolución de Medio Ambiente, ni una provisión ante una posible obligación de pago", lamentó. "Igual que tampoco aparece ninguna provisión para el pago de los casi 20 millones de euros de deuda con Málaga, a pesar de haber sentencia firme; ni para pagar otros dos millones de euros que otra sentencia obliga al Ayuntamiento en favor de dos particulares a quienes se les expropió un terreno y se les quería pagar en 20 años", agregó.