Ni siquiera cuando el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, propuso la posibilidad de exigir apoyo económico para la construcción del parque del Campamento Benítez no sólo al Ministerio de Fomento, como inicialmente preveía, sino también a la Junta de Andalucía, el equipo de gobierno del PP dio su visto bueno. De hecho, el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, acotó cualquier reclamación de colaboración en este proyecto a la Administración regional, a pesar de que el Gobierno central estuvo comprometido durante años con la construcción de un parque metropolitano y un museo relacionado con el transporte y la obra pública.

La cuestión salió a relucir en el debate de la moción de urgencia presentada por la coalición de izquierdas, que denunció la decisión del Ayuntamiento de trocear en cuatro la inversión municipal para adecuar el Benítez como zona verde. "No es que se quiera favorecer a una empresa sobre otras, pero la decisión está motivada en las prisas que tienen por ejecutar estos proyectos", dijo Zorrilla. Más contundente en sus afirmaciones fue el concejal no adscrito Carlos Hernández Pezzi, que habló a las claras de un "fraude de ley, que a lo mejor es presunto". "Y creo que es un fraude político, porque un proyecto de esta envergadura tendría que tener otro tratamiento, mucho más transparente", denunció.

Ante estas acusaciones, Pomares defendió el procedimiento seguido en la existencia de informes favorables de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, de los servicios jurídicos, de Intervención, entre otros. "Borremos la sombra de sospecha sobre la legalidad de la actuación", dijo. Incluso, dijo estar abierto a apoyar el tercer punto de la iniciativa, en el que IU reclamaba que se pidiese el apoyo al Ministerio de Fomento, pero modificando el objetivo de tal reclamación y situando en ese punto a la Junta, "que es la que tendría que estar colaborando con este proyecto".